La UE acuerda la reforma del asilo para reubicar a 30.000 personas al año entre los Estados miembros

La crisis migratoria vivida en el año 2015, como consecuencia de la guerra en Siria, hizo saltar por los aires la política de asilo y abrió boquete entre los Estados miembros por la negativa de algunos gobiernos a acoger refugiados llegados a las costas del Mediterráneo. La solución planteada cinco años después por Bruselas, tras el fracaso de la asignación obligatoria de cuotas por país, fue una especie de solidaridad "a la carta" con contribuciones flexibles. Tres años después de esta propuesta y tras meses de negociaciones e innumerables compromisos, los ministros de Interior de la Unión Europea han conseguido cuadrar con éxito el círculo. Los Veintisiete han cerrado este jueves un acuerdo político para enderezar una de las grandes cuestiones pendientes en materia migratoria: cómo compaginar la solidaridad y la responsabilidad en la reubicación de los refugiados a través de un nuevo mecanismo de reparto.

"No estaba segura de que esto iba a salir. Es un día importante", ha celebrado la ministra sueca María Malmer pasando el testigo de la negociación interinstitucional con el Parlamento Europeo del pacto de asilo e inmigración a la próxima presidencia española. Sobre la mesa del Consejo de ministros de interior, celebrado en Luxemburgo, dos de las propuestas de reglamento más espinosas del pacto de asilo e inmigración, bloqueado desde hace años: el reglamento sobre el sistema de gestión de la migración y el asilo y el reglamento sobre el procedimiento de asilo que determina cómo funcionará la solidaridad obligatoria flexible entre los Estados miembros en caso de presión migratoria o de que un país se vea desbordado por las llegadas de inmigrantes.

30.000 personas al año

El acuerdo, que será revisado dentro de un año, incluye un objetivo de reubicación de al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros para aliviar la presión que padecen los países de primera línea, como Italia, España, Grecia o Malta. El mecanismo de reparto será voluntario porque todos están de acuerdo en que no puede haber cuotas de reparto obligatorias. Sin embargo, quienes no acepten participar en el reparto tendrán que contribuir de otra forma. El plan contempla un sistema de solidaridad flexible que incluye, por ejemplo, una contribución financiera de 20.000 euros para los países que no acepten recibir inmigrantes aunque también podrán aportar material y otras capacidades para la gestión y control de los flujos migratorios.

La posición del Consejo, como ha recordado el ministro de interior español Fernando Grande-Marlaska, incluye más responsabilidades en el examen de solicitudes de asilo para los países de primera entrada que tendrán que poner en marcha un procedimiento de control para identificar y registrar a todas las personas que intenten entrar de forma irregular.  "Hemos aceptado los procedimientos obligatorios en frontera, la solidaridad flexible, unas reglas más duras en materia de responsabilidad en los espacios temporales de la misma. Salvo para dos o tres Estados miembros hay diferencias de matiz que no pueden hacer que no haya acuerdo. Sería un fracaso (y) todo el trabajo de estos años dejará de tener sentido", avisaba a su llegada a la cita.

"Es un debate delicado, soy consciente pero si no llegamos a un acuerdo vamos a ser más débiles", recordaba la ministra sueca Maria Malmer. Tras una maratoniana jornada de negociación confirmaba el "amplio apoyo" a su última propuesta de compromiso. En contra, tal y como se esperaba, han votado Hungría y Polonia mientras que se han abstenido Malta, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia.

El ministro húngaro, Bence Rétvári, ha calificado la reforma de "carta de invitación" e "incentivo" para que los ciudadanos africanos para que vengan a Europa. Para su colega polaco, Bartosz Grodecki, que se ha quejado de que se castigue a los países que no quieren más refugiados "con una multa de 20.000 euros", cuando su país ha recibido a miles de refugiados ucranianos, el mecanismo es simplemente "inaceptable". "Polonia se opone. No puede votar a favor porque las disposiciones no nos satisfacen", ha dicho.

Italia, el gran escollo

La presidencia sueca ya anticipaba la negativa de Polonia y Hungría, dos de los países que denunciaron el anterior sistema de cuotas ante el Tribunal de Justicia de la UE, así que el gran escollo para desbloquear la situación y lograr la mayoría cualificada suficiente ha sido convencer a Italia, uno de los países más afectados por la presión migratoria.

"El último texto distribuido es insuficiente para nosotros", decía a media tarde el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, que, al igual que Dinamarca, no estaba satisfecho con el vínculo entre "tercer país seguro" y el principio de conexión. Berlín quería restringirlo mientras que Roma quería ampliarlo para posibilitar la devolución a los países de tránsito y no solo a los de origen. Finalmente, los inmigrantes también podrán ser repatriados a los países de tránsito pero solo si son considerados seguros. "La posición de Italia ha sido de gran responsabilidad", ha destacado el ministro al término de la reunión.