Fallo judicial

Confirmada la sentencia de tres años de cárcel impuesta a Sarkozy por corrupción

Sarkozy apela a la "solidaridad" europea

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Enric Bonet

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El Tribunal de París ha confirmado este miércoles la condena a tres años de prisión (dos de ellos condicional) para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por el caso de las escuchas judiciales, también conocido como el affaire Paul Bismuth. Representa la misma pena pronunciada en marzo de 2021 por este caso de corrupción y tráfico de influencias. Después de que los abogados del dirigente conservador recurrieran esa sentencia, el juicio volvió a celebrarse durante el pasado invierno y esta primavera. Con esta decisión, Sarkozy se convierte en el primer exjefe de Estado galo al que una corte de apelación confirma la pena por un delito de corrupción y tráfico de influencias.

Aunque la sentencia incluye un año de prisión efectiva, Sarkozy no ingresará en la cárcel. El tribunal precisó en su condena que puede cumplirla en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico. De momento, tampoco llevará el brazalete, puesto que sus abogados anunciaron que recurrirán el veredicto ante la Corte de Casación, el equivalente francés del Tribunal Supremo. La pena también comporta tres años de privación de derechos civiles y políticos.

Los hechos del caso de las escuchas judiciales se remontan a 2014, dos años después de que Sarkozy dejara el Elíseo tras su derrota electoral ante el socialista François Hollande. Entonces, el expresidente trató de obtener favores judiciales por parte del juez Gilbert Azibert. A cambio de ello, él y su abogado y amigo Thierry Herzog le ofrecieron ayudarle para obtener un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco.

El expresidente no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico.

Escuchas telefónicas

Esa trama salió a la luz debido a las escuchas telefónicas que efectuaban entonces magistrados de instrucción. Estos vigilaban las conversaciones entre el dirigente conservador y su abogado en el marco de la investigación de la supuesta financiación de su campaña presidencial de 2007 por el régimen libio de Muamar el Gadafi. Este caso recibió el nombre mediático de Paul Bismuth, ya que ese fue el seudónimo utilizado por Sarkozy en una línea telefónica secreta con su abogado, Thierry Herzog, consciente de la posibilidad de que lo espiaran.

La presidenta del tribunal, Sophie Clément, aseguró que los delitos por lo que lo condenan resultan "aún más graves al haber sido cometidos por un expresidente de la República, que debe garantizar la independencia de la autoridad judicial". Según la magistrada, Sarkozy "se benefició de su estatus de expresidente (...) para obtener un beneficio personal". Durante este segundo juicio en apelación, el abogado general había afirmado que se trata "de un caso de una gravedad sin precedentes en la Quinta República".

"No pediré perdón por un delito que no he cometido. Lucharé hasta el final, ¡porque soy inocente!", declaró, por su lado, Sarkozy en una de las audiencias. Aunque los delitos por los que lo condenan pueden conllevar penas de hasta 10 años de prisión, la pena final resulta bastante modesta. Es inferior a los cuatro años de prisión pedidos inicialmente por la fiscalía. Va en la misma línea que en otros mediáticos casos de corrupción en Francia, en que dirigentes lograron salir indemnes de un posible encarcelamiento.

Un tercer frente judicial

El tribunal condenó también a los otros dos acusados. Herzog, abogado de Sarkozy, recibió un castigo de tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, además de tres años de prohibición de ejercer su profesión. Para el magistrado Gilbert Azibert, la misma pena, con tres años de privación de sus derechos cívicos. Ninguno de ellos ingresará en la cárcel.

La sentencia de este miércoles representa un nuevo revés judicial para el hombre que presidió Francia entre 2007 y 2012. El Tribunal de París ya lo había condenado a una pena de un año de cárcel en septiembre de 2021 por la financiación irregular de la campaña electoral para las presidenciales de 2012. El presidente recurrió también a esa segunda condena, que será juzgada en apelación en noviembre próximo.

Además, Sarkozy encara un tercer frente jurídico. La Fiscalía Nacional Financiera solicitó la semana pasada que lo juzguen por el supuesto financiamiento libio de la campaña de 2007. Su nombre aparece, asimismo, en la investigación judicial por la concesión del Mundial de fútbol a Catar y la adquisición por el emirato del París Saint-Germain.

Pese a tener la mochila llena de turbios affaires y haberse retirado de la política activa a finales de 2016, el dirigente conservador continúa influyendo en las altas esferas. No solo escuchan sus consejos varios dirigentes de Los Republicanos (afines al PP), sino que también mantiene una buena relación con el presidente Emmanuel Macron.