HRW denuncia un aumento del abuso policial contra los rohinyás en Bangladés

Una unidad de élite de la policía de Bangladés ha practicado la extorsión, el acoso y la detención arbitraria de refugiados rohinyás, a los que debería proteger, ha afirmado este martes la organización Human Rights Watch (HRW). El Batallón de la Policía Armada de Bangladés (APBn) ha operado en campamentos que albergan a cerca de un millón de miembros de la minoría apátrida rohinyá, la mayoría de los cuales huyeron de Birmania tras la sangrienta represión del Ejército birmano, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha investigado por genocidio.

Los refugiados y los trabajadores humanitarios han afirmado a HRW que la seguridad se ha deteriorado en el campamento de Cox's Bazar desde 2020, después de que la unidad de policía se encarga de vigilarlo. "Los abusos cometidos por la policía en los campamentos de Cox's Bazar han dejado a los refugiados rohinyás sufriendo a manos de las mismas fuerzas que se supone que deben protegerlos", ha alegado la investigadora sobre Asia de la organización, Shayna Bauchner. La organización de derechos humanos ha documentado al menos 16 casos de abusos graves cometidos por agentes del APBn.

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Por su parte, el comandante de un batallón de la APBN, Syed Harun Or Rashid, ha negado que este tipo de abusos se han llevado a cabo en los campamentos de refugiados de esta discriminada minoría. "Si algún individuo tiene algún tipo de desviación, siempre tomamos medidas. Aquí estamos trabajando diferentes agencias de inteligencia, oenegés y organizaciones de la ONU", ha alegado y ha advertido que la unidad iniciaría una investigación si "recibía quejas específicas".

Extorsión a los refugiados

Por su parte, varios refugiados rohinyás han declarado que los abusos de la policía eran "endémicos". "Hace unos días volvía al campamento y agentes del APBn me detuvieron en el puesto de control, me interrogaron y me abofetearon", ha declarado Ali Jaker, de 20 años. Ha añadido que los policías le habían quitado su teléfono móvil y el equivalente a 50 dólares que llevaba consigo. "Amenazaron con demandarme si contaba esta historia a alguien", ha señalado.

Otra refugiada, Sitara Bibi, de 45 años, ha explicado haber tenido que pagar a la policía el equivalente a 30 dólares. "Si no pagaba, la policía acusaría a mi hijo de tráfico de drogas", ha subrayado. Un dirigente cívico rohinyá, que habló en forma anónima, también ha indicado que los refugiados se veían obligados a pagar a la policía para desplazarse entre los campamentos o para entrar en ellos a altas horas de la noche.

HRW ha instado a las autoridades de Bangladesh a desarrollar un mecanismo de seguridad para los rohinyás, que a día de hoy "carecen de un estatus legal reconocido, lo que los coloca en una situación precaria según la legislación nacional y los hace vulnerables a violaciones de derechos". La organización en favor de los derechos humanos ha considerado que se debería proporcionar "un acceso integral a la educación y los medios de subsistencia para reducir la actividad económica ilegal y peligrosa".