Transición en Brasil
La justicia brasileña congela las cuentas de supuestos instigadores de las protestas contra Lula
Miles de personas acampan frente a cuarteles del Ejército para pedir a los militares que impidan la investidura del nuevo presidente
Simpatitzants de l'actual president Bolsonaro i de l'ex cap d'Estat Lula da Silva promocionen als seus candidats amb banderes i cartells a Brasília, el Brasil. / Myke Sena/dpa
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La justicia brasileña ha ordenado congelar las cuentas bancarias de hasta 43 personas físicas y jurídicas sospechosas de estar financiando las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en contra del próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre De Moraes, uno de los 11 miembros de la Tribunal Supremo, que es responsable de la investigación de las protestas y califica los actos como "antidemocráticos". Según ha informado el Supremo, el bloqueo de cuentas bancarias afecta a 43 personas, la mayoría empresarios del sector agrícola que se alinean con la ultraderecha que respalda al actual presidente, Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas a finales de octubre.
El juez acusa a los empresarios de proporcionar "una estructura completa" que posibilita las protestas e incluye desde tiendas de campaña hasta la "alimentación" de los manifestantes.
Bloqueo de carreteras
De acuerdo con la investigación, esos empresarios son propietarios de muchos de los camiones que bloquearon carreteras en protesta por el resultado de las elecciones y que ahora han mandado estacionarlos frente a cuarteles de diversas ciudades del país, con el objetivo de exigir un golpe militar.
Miles de personas han acampado frente a los cuarteles para pedir una "intervención militar" que "salve al país del comunismo" e impida que Lula sea investido presidente el próximo 1 de enero.
Abuso del derecho de reunión
Según el magistrado De Moraes, las concentraciones suponen un "abuso" de las garantías constitucionales. "Se verifica un abuso reiterado del derecho de reunión", que en este caso está "dirigido ilícita y criminalmente a propagar un incumplimiento del resultado del pleito electoral" a través de una "ruptura del Estado democrático de derecho y la consecuente instalación de un régimen de excepción", sostuvo el juez.
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