El gobierno de Nicola Sturgeon pide al Supremo que resuelva si Escocia puede convocar un referéndum de independencia

La abogada del Gobierno de Escocia, Dorothy Bain, urgió el martes al Tribunal Supremo británico en la vista que se está celebrando en Londres, a esclarecer si el parlamento autónomo de Escocia tiene competencias para aprobar la legislación que permita convocar un referéndum de independencia, sin precisar el consentimiento del gobierno británico. La cuestión, argumentó la letrada en una intervención de varias horas ante los cinco jueces que componen el Tribunal Supremo, “se ha enconado” y va a seguir “resonando” permanentemente hasta que no se resuelva.

Bain afirma estar buscando certeza legal en un asunto “de excepcional importancia pública, para la gente de Escocia y del Reino Unido”. La abogada argumenta que se trata de llevar a cabo un “referéndum consultivo”, que no tendría consecuencias legales.

James Edie, en representación del gobierno británico, desea por el contrario que el Tribunal rechace el pronunciarse sobre el caso, alegando que el análisis propuesto solo es posible si la ley ya hubiera sido aprobada por los miembros del Parlamento Escocés.

Excluido "el contexto político"

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Robert Redd, presidente Supremo, puntualizó al inicio de la vista, que el Tribunal debe decidir en primer lugar “si puede o debe contestar con propiedad” a la pregunta que le plantean. En caso de una respuesta afirmativa la Corte deberá “responder a la pregunta de si el Parlamento Escocés tiene poderes para legislar un referéndum de independencia en Escocia”. Redd puntualizó que la decisión de los jueces se limitará a “cuestiones técnicas de la ley”, quedando excluido “el contexto político”. También adelantó que puede llevar meses el alcanzar una decisión, porque él y sus colegas deben revisar 8.000 páginas de documentos. Los dos días previstos para la vista, “sólo son la punta del iceberg”, señaló.   

Buena parte de la disputa gira las diferentes interpretaciones de la Ley de Escocia de 1998, en la que se incluyen los asuntos relativos a la Unión que son materia reservada del Parlamento de Westminster. La ministra principal, Nicola Sturgeon, desea celebrar un segundo referéndum en octubre del próximo año, pero el gobierno británico se niega a darle permiso para ello.