Una jueza nombrada por Trump aprueba su petición de que un perito especial revise los papeles de Mar-a-Lago

Hace tiempo que la politización ensombrece la justicia de Estados Unidos. Las decisiones judiciales federales son cada vez más predecibles dependiendo de si los magistrados han sido nominados por demócratas o por republicanos. Y la última muestra de esa realidad ha vuelto a producirse este lunes, cuando una jueza nombrada por Donald Trump ha accedido a la petición del expresidente de que se nombre un perito especial para revisar los documentos que el republicano se llevó irregularmente de la Casa Blanca y de los que el FBI se incautó en el registro en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

Aileen Cannon, la magistrada, instruye en su orden de 24 páginas al Departamento de Justicia a no revisar ni usar para propósitos de investigación materiales requisados en ese registro hasta que el perito especial complete su propia revisión de los documentos para determinar cuáles podrían estar sujetos a protecciones por privilegio ejecutivo.

Ese privilegio es algo que alega el equipo legal de Trump pero que ha sido cuestionado por expertos, por antiguos aliados de Trump como el que fue su fiscal general, William Barr. También es un argumento que rechaza vehementemente Justicia, que asegura que los documentos no pertenecen al exmandatario sino al Gobierno. "Ya no es el presidente", recordó a la jueza en una vista el 1 de septiembre Jay Bratt, principal abogado de contraespionaje de Justicia. "Y porque no es presidente, no tenía derecho a llevarse esos documentos".

Secreto profesional

Justicia podría apelar la decisión, pero de momento no podrá seguir accediendo a los materiales incautados. En cualquier caso, el Departamento rechaza la utilidad del perito especial porque asegura que un equipo de agentes ya completó una primera revisión de esos documentos tras la que cribaron los que podían ser susceptibles de estar protegidos por el secreto profesional entre abogado y cliente. El resto ya han sido examinados por el equipo de investigadores en las pesquisas penales.

Aunque el Departamento no ha informado en detalle de en qué momento está o qué alcance tiene su investigación del expresidente, en documentos judiciales presentados ante otro tribunal sí se ha señalado que está en el punto de mira por posibles violaciones de la Ley de Espionaje y por obstrucción.

En el registro del 8 de agosto, y aunque los abogados de Trump habían dicho en una declaración jurada en junio que habían dado todo el material clasificado, se encontraron en varios puntos de la residencia privada de Trump 33 cajas con más de 100 de esos documentos protegidos.

La jueza Cannon solo permite que continúe con su revisión la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, que ha puesto en marcha sus propias pesquisas para determinar si Trump puso en peligro la seguridad nacional al retener irregularmente documentos clasificados y de alto secreto.

El equipo legal de Trump y el Departamento de Justicia tienen ahora de plazo hasta el viernes para presentar una lista de candidatos para cubrir el puesto de perito especial.