Bolsonaro llama "valientes guerreros" a policías que participaron de la masacre policial en Río de Janeiro

El presidente brasileño Jair Bolsonaro reivindicó la acción de la policía militar contra el narcotráfico en un barrio marginal del norte de Río de Janeiro que en la madrugada del último miércoles provocó 25 muertos y seis heridos. La controversia no se hizo esperar después de que elogiara al Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) que entró a balazos a la favela Villa Cruzeiro. Cuando ya se conocía un video en las redes sociales que mostraba cómo uniformados disparaba contra sus moradores, Bolsonaro los llamó "valientes guerreros" que "en una confrontación por lo menos neutralizaron 20 marginales, ligados al tráfico de drogas". Pero, a la vez, el capitán retirado volvió a apuntar sus ráfagas retóricas contra los medios de comunicación que "demonizan a aquellos que arriesgan sus vidas por nosotros".

La acción del BOPE se ha convertido en la segunda más sangrienta de la historia carioca. A pesar de la apología del capitán retirado, no se descarta la posibilidad de que la justicia tome cartas en el asunto. La luz verde la emitió en los hechos Edson Fachin, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (STF) al expresar su "alarma" por la cantidad de decesos. No se demoró demasiado un tribunal carioca en expresar su deseo de determinar si se cometieron "violaciones de derechos humanos durante esa operación". El Ministerio Público de Río otorgó al BOPE 10 días para que envíe los datos relacionados con su acción del miércoles.

Las autoridades de seguridad recordaron que la misión de la policía militar tuvo como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las facciones narco más influyentes en Brasil y con tentáculos en Paraguay. El BOPE aseguró que las metralletas de sus integrantes vomitaron solo después de haber sido agredidos. Los defensores de los derechos humanos conocen al dedillo ese argumento: se repite desde que las barriadas se han convertido en un serio problema que suele tener como respuesta la mano dura. Solo un integrante del BOPE resultó herido.

Fuertes críticas

"Bolsonaro se subió a la operación policial que terminó con 25 muertos en Río. En las redes, el presidente felicitó a los agentes, se quejó de la prensa y dedicó cuatro pálidas palabras a la mujer inocente que murió de un disparo en la acción. Fue más energía de la que gastó en todo su mandato para desarrollar una política de seguridad para el país", señaló Bruno Boghossian, columnista de Folha de San Pablo. En las elecciones de 2018 de las que resultó vencedor, el capitán retirado, añadió, "había vendido la idea de que tendría una solución mágica a la violencia". Realizó "un acto de ilusionismo que tenía como puntos centrales la liberación de armas y la incitación a matar". Además de no resolver el problema, añadió Boghossian, Bolsonaro "enterró el debate sobre la seguridad pública en Brasil".

Crecimiento de las masacres

La "mano dura" es una suerte de culto de quienes gobiernan el estado de Río de Janeiro. Subido a la ola bolsonarista, Wilson Witzel ganó los comicios de 2018 y asumió con la promesa de disparar "a los criminales", si hiciera falta hasta un misil. Witzel se enfrentó con Bolsonaro y fue apartado de su cargo por corrupto en agosto de 2020 sin que el Gobierno de ultraderecha acudiera en su ayuda. Desde que comenzó su interinato como gobernador, el también bolsonarista Cláudio Castro, no se ha apartado de esa política punitiva. En 20 meses las fuerzas de seguridad han realizado 74 operaciones con un promedio 3,8 muertos, un poco menor que durante la era Witzel, y un total de 330 civiles fallecidos, de acuerdo con una investigación de la Universidad Federal Fluminense.

Una operación policial con tres decesos es considerada masacre. En 2011 se computaron 20 episodios de esa naturaleza. Siete años más tarde, las "chacinas (carnicerías, como las llama la prensa)" pasaron a 63. El número saltó a 79 el primer año de Witzel y bajó a 43 en 2020 solo porque el STF restringió las operaciones policiales en las favelas como consecuencia del confinamiento y la pandemia. Once años atrás, la policía fue responsable del 12% de las muertes en la región metropolitana de Río de Janeiro. El año pasado, este porcentaje fue del 35%: una de cada tres muertes fue causada por un representante estatal.

"El gobierno de Castro es muy complicado, altamente letal y tiene una actuación muy negacionista con respecto al principal problema de Río que es la seguridad", dijo a la revista Carta Capital el sociólogo Daniel Hirata, docente y coordinador del Grupo de Estudio sobre Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense. Recordó que el actual gobernador interino se postula en las elecciones de octubre para un segundo mandato completo y tiene una alta intención de voto.