La prensa mexicana, bajo las balas

El recién iniciado 2022 ya es el año más violento para la prensa en México, con cuatro asesinatos de periodistas solo en enero: el de José Luis Gamboa en Veracruz, los de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, y el de Roberto Toledo en Zitácuaro. El país es el más peligroso para ejercer la profesión, de acuerdo con los informes de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En 2021 siete periodistas fueron asesinados, según documenta Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión. Desde 2000 han documentado 148 homicidios y el 99% de ellos permanece impune. Sin embargo, las balas no acallan todas las voces, no detienen el bolígrafo, ni paran las imprentas. Al acecho del crimen organizado y del Estado, cientos de comunicadores salen a las calles a seguir reportando la violenta realidad que asedia a sus localidades. 

"Sales a trabajar consciente del peligro que es hacer periodismo en una ciudad violenta”, cuenta por teléfono Alejandro Arturo Villa, periodista de investigación de la revista semanal Zeta, en Tijuana. "El riesgo aumenta cuando el trabajo que haces está enfocado a temas de seguridad y el otro es la investigación de la corrupción”, afirma.  Tijuana, situada en la frontera norte, al lado de la ciudad de San Diego, fue uno de los municipios más violentos del país el año pasado con casi 2.000 asesinatos. En lo que va de este año, se contabilizan 139 crímenes.

Sin protección del Estado

A Margarito Martínez, de 49 años, lo asesinaron en la entrada de su casa a mitades de enero. El fotorreportero llevaba más de una década retratando la violencia de su ciudad. Se movía entre colinas y barrios peligrosos. Trabajaba para más de 15 medios. "Él no hacia investigación, no daba nombres, no daba mayor detalle. Él estaba en riesgo porque llegaba a los hechos a veces antes que los policías o que las ambulancias y tuvo muchos enfrentamientos”, narra su compañero Villa.

Martínez había solicitado la ayuda del Mecanismo de Protección para Periodistas que otorga el Gobierno mexicano, tras ser señalado por un bloguero de pertenecer a un grupo armado mientras realizaba una cobertura. “Sufría el riesgo de que lo confundieran con un halcón [persona que vigila para el crimen organizado] y lo asesinaran”, comenta Villa. Sin embargo, la protección del Estado, que otorga herramientas que van desde un botón de pánico hasta guardaespaldas no llegó a tiempo. 

"El mecanismo es insuficiente para la cantidad de personas que necesitan protección”, afirma Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de Artículo 19, en una conversación telefónica. “Tiene un enfoque reactivo, no preventivo. Se tiene que haber padecido alguna agresión o alguna amenaza para poder ser persona beneficiaria”. Otro problema de este protocolo, que acoge alrededor de 700 periodistas, es que funciona en ocasiones a través de los resortes de seguridad de los gobiernos locales, los culpables de las agresiones en casi la mitad de los casos. Tan solo en 2021, Art.19 registró que cerca de un 40% de los crímenes fueron perpetrados por algún miembro del Estado. 

Petición de protección al presidente

El día que a Cecilia Solís, de 49 años, la enviaron a cubrir una manifestación en el centro de Cancún (Quintana Roo) por un feminicidio, no tenía idea de cómo funcionaba el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ni que tres meses después lo iba a necesitar. Esa tarde de noviembre en el centro de la ciudad todo se tornó violento, en cuestión de minutos. Un grupo de infiltrados causó destrozos y la policía municipal respondió disparando contra manifestantes y periodistas por igual.

En el incidente, ella y otros tres compañeros resultaron heridos. Llevaron el caso a los tribunales, pero nada avanzaba. Temiendo represalias, Solís hizo lo que muchos otros reporteros, como Lourdes Maldonado, han tenido que hacer, recurrir a las ruedas de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos meses después acudió a la capital a rogar por ayuda y protección. En un primer momento el mandatario la ignoró. Acudió un siguiente día con una pancarta y alzando la voz. 

La periodista entró en el protocolo de protección para periodistas. No obstante, a pesar, de que se le dió un vehículo blindado, cámaras de seguridad para su casa y un botón de pánico, seguía el acoso: "Uno de esos días mi hija que vive conmigo sacó a pasear al perro y cuando se dirigió al parque desde un vehículo le empezaron a tomar fotografías”. 

Protocolo ineficaz

Desde entonces, Solís ha estado presionando para que le den seguimiento a su caso. “Me asignaron cuatro escoltas, pero los incidentes continuaron. Un día estábamos en la playa y se pararon como 20 elementos de la policía municipal a revisarnos a mí y a mis guaruras (guardaespaldas)”. Ella se considera afortunada de contar con la protección. No obstante, resalta los problemas que hay en el funcionamiento del protocolo: “No investigan a fondo las problemáticas y estamos ante un riesgo real. Además, todo es vía digital o vía teléfono. Siempre está esa falta de contacto, la he sentido y quedamos desprotegidos”. 

Lourdes Maldonado tenía 67 años. Había recibido amenazas y agresiones. Llegó a pedir protección al presidente de México en una rueda de prensa en 2019, no obstante, fue asesinada el pasado 23 de enero, pocos días después que Margarito Martínez en la misma ciudad. Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa matutina al día siguiente pidió “no adelantar ningún juicio” refiriéndose al exgobernador de su mismo partido, con quien la periodista tenía un pleito. Esa misma semana, cargó contra la prensa. "Son muy pocos los que están cumpliendo con el noble oficio de informar", afirmó.

Desde los últimos asesinatos, Alejandro Arturo Villa ha cambiado sus rutinas. “Antes de bajarme del coche me doy una vuelta por la cuadra, cambio la ruta por donde me muevo”. Como varios de sus compañeros en la redacción, ha sido amenazado pero considera que es más importante el impacto de su trabajo: “El temor que da publicar algo que sabes que implica a muchas personas y la repercusión que va a tener mi reportaje no te deja dormir a veces. Lo que me calma es saber que al otro día muchos funcionarios y malandros no podrán descansar pensando en lo que vamos a publicar”.    

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