Rusia multa a Facebook, Twitter y TikTok por no borrar contenido ilegal

Cada vez más estados presionan con más fuerza a las redes sociales para que eliminen el contenido considerado ilegal. Este domingo, Facebook ha abonado el pago de 17 millones de rublos (poco más de 204.000 euros) de multa en Rusia por no haber eliminado contenido que la legislación rusa considera ilícito.

Además de a Meta, empresa matriz propietaria de Facebook, este pasado jueves Moscú también sancionó a TikTok y a Twitter. El Tribunal del Distrito de Tagansky, en la capital rusa, estableció que ambos gigantes de las redes sociales debían pagar cuatro y diez millones de rublos, lo que equivale a 48.000 y 120.144 euros, respectivamente, por no eliminar contenido ilegal. La aplicación de mensajería cifrada Telegram habría pagado ya más de 15 millones de rublos en multas, poco más de 180.200 euros.

El ente que regula las telecomunicaciones en el país, conocido como Roskomnadzor, ha reducido la velocidad de Twitter desde marzo como medida punitiva por no haber eliminado publicaciones en las que había pornografía infantil, se llamaba al suicidio de los menores o al abuso de drogas, algo que la red social niega.

Controlar Internet

Los críticos señalan que esas sanciones responden a una mayor presión del Kremlin sobre las plataformas digitales en un intento para ahogar la libertad de expresión en Internet. Aunque hay países que, como Alemania, han endurecido sus leyes para forzar a las plataformas a eliminar la proliferación de contenido de odio en la red, se teme que Moscú esté instrumentalizando el caso para acallar voces disidentes.

A finales de diciembre, tanto Meta como Alphabet, empresa matriz de Google, se enfrentan a procesos judiciales en Rusia por haber violado, presuntamente, la legislación nacional sobre contenidos en reiteradas ocasiones. Ambas podrían ser multadas con un porcentaje de sus ingresos anuales en el país. Este año Google ha pagado más de 32 millones de rublos en multas, unos 384.462 euros.

Y es que Moscú ha lanzado un ultimátum en el que exige a hasta 13 empresas tecnológicas extranjeras, la mayoría de ellas estadounidenses, que instalen su sede de operaciones en Rusia antes de que empiece el 2022. De no hacerlo, podrían enfrentarse a restricciones de su servicio o a prohibiciones totales.