Alemania estudia regular Telegram ante la proliferación de llamadas a la violencia

El 29 de agosto de 2020 Alemania estuvo a punto de revivir una imagen trágica. En plena gestión para remitir la pandemia del covid, hasta 38.000 personas protestaron en Berlín en contra de las mascarillas y otras restricciones establecidas por el Gobierno. Al final de la marcha, unos cientos de ultraderechistas se reunieron con banderas del antiguo imperio alemán e intentaron asaltar el Reichstag, el edificio parlamentario que los nazis quemaron en 1933 para sepultar la democracia en el país. Pocas horas antes, esos militantes colgaban fotos armados en Telegram pidiendo lanzar una "tormenta" sobre la capital.

Este miércoles, la policía y las fuerzas especiales lanzaron una redada contra los miembros de un grupo de antivacunas que estaba trazando, también en la aplicación de mensajería, un plan para asesinar al primer ministro del estado de Sajonia, Michael Kretschmer, por aplicar nuevas medidas contra el coronavirus. "Entrar donde está el tipo y colgarlo", decían.

Telegram se ha convertido en el refugio favorito de todo tipo de grupos radicales. En un entorno digital cada vez más preocupado por la extracción de datos de los usuarios, la plataforma ha logrado posicionarse como una de las aplicaciones de mensajería que más respetan la privacidad gracias a la encriptación de sus comunicaciones. Sin embargo, eso ha servido también para albergar a quienes la usan para difundir conspiraciones y planear acciones que van desde la protesta a la insurrección armada o la organización criminal. La Oficina Federal de Protección de la Constitución, los servicios secretos internos, llevan meses rastreando esas amenazas.

Mano dura contra Telegram

Es en este escenario que el primer Gobierno alemán de la era después de Merkel, formado por socialdemócratas, ecologistas y liberales, busca endurecer su posición. "Lo que difunde Telegram es en parte indecente y a menudo también criminal", denunciaba este martes el nuevo ministro de Justicia, Marco Buschmann. Es por ello que, apoyado por políticos de todo el país, el Ejecutivo se plantea aplicar restricciones contra la app y no descarta una eventual prohibición de ciertos servicios.

Alemania cuenta con una de las regulaciones más duras del mundo en contra de la propagación de discursos de odio en línea. Desde el 1 de octubre de 2017, la Ley de Aplicación de la Red (NetzDG) da a las redes sociales 24 horas para eliminar o bloquear contenido denunciado por su peligrosidad desde el punto de vista penal, ya sean insultos, difamación o amenazas y las obliga a informar a la policía de esas infracciones. De no hacerlo, plataformas como Facebook, Twitter o TikTok se enfrentan a multas que pueden llegar a los 50 millones de euros.

Cambio de etiqueta

Telegram ha evitado esa regulación porque se define como una aplicación de mensajería, no como una red social. Ahora, las autoridades alemanas señalan que opera como una plataforma, con lo que debe acatar la ley de la misma manera. Esa nueva categorización es apoyada por las tres patas del Ejecutivo. Aunque Telegram borra los canales que usan organizaciones terroristas como Estado Islámico o Al-Qaeda cuando hay demandas de la justicia, no ha hecho lo mismo con grupos de extrema derecha. Berlín ha solicitado información para identificar a los autores de contenido extremista, pero la plataforma, fundada en San Petersburgo y ahora basada en Dubái, no responde a las peticiones.

Ante esa situación, el ministro Buschmann ha pedido "crear un marco legal europeo común para actuar contra el odio y la agitación en internet", en referencia a la Ley de Servicios Digitales que prepara Bruselas. Otros, plantean vías más expeditivas. El ministro del Interior de Baja Sajonia, Boris Pistorius, ha propuesto negociar con Apple y Google para que dejen de permitir la descarga de Telegram. Los conservadores bávaros de la CSU han puesto sobre la mesa bloquear la app si no modera los contenidos de odio, decisión que según los expertos podría ser inconstitucional.

Alemania se sitúa así de nuevo en medio de un complejo y frágil debate sobre como los estados pueden presionar a las redes sociales para limitar la proliferación del odio sin terminar pisoteando libertades básicas. El problema está claro, la solución no tanto.