Bruselas se arma para hacer realidad el recorte del 55% de CO2

Reducir “al menos un 55%” las emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, paso previo a alcanzar la neutralidad climática en 2050, no será tarea fácil. El objetivo, blindado en la ley del clima aprobada este año, requerirá de cambios drásticos en la forma en la que comemos, conducimos, calentamos nuestros hogares o producimos. Para llevar a buen puerto el objetivo, la Comisión Europea presentará esta semana el esperado ‘Fit for 55’, una batería de doce propuestas legislativas destinadas a acelerar una transición energética “justa” en sectores como la energía, el transporte, el clima, la fiscalidad o el comercio internacional. 

El objetivo: reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles, impulsar las energías renovables y la eficiencia energética, acelerar la expansión del coche eléctrico, ampliar a edificios y transporte por carretera el sistema de comercio de derechos de emisiones y un nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera que endurecerá las condiciones de acceso al mercado de productos de terceros países con objetivos climáticos menos ambiciosos. “Es un enfoque holístico del problema y creemos que este es el mejor equilibrio que podemos crear para llevarnos a dónde debemos estar”, defiende el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, consciente del campo de batalla en que se convertirá la esperada hoja de ruta climática. 

“Es hora de cumplir con la ambición y para ello ‘Fit for 55’ es una oportunidad única. Si se diseña bien supondrá muchos beneficios para los consumidores”, asegura con cautela pero esperanza Monique Goyens, directora general de la Asociación Europea de Consumidores (BEUC). No todas las organizaciones lo ven con las mismas expectativas. “Es un espectáculo de fuegos artificiales sobre un basurero. Puede parecer impresionante, pero cuando uno se acerca empieza a oler”, crítica Jorgo Riss, director de Greenpeace UE. Estos son los elementos claves del paquete.

Revisión del sistema ETS

Creado en 2005, es de uno de los pilares de la política actual para frenar el calentamiento global y el primer mercado de carbono del mundo. El sistema, que busca reducir un 40% las emisiones para 2030 respecto al nivel de 2005, establece un precio en las emisiones -en mayo alcanzó el precio récord de 56€ por tonelada- de unas 11.000 instalaciones industriales y eléctricas y los vuelos europeo para limitar el volumen de gases con efecto invernadero que pueden emitirse. Con la reforma Bruselas aspira a elevar la ambición limitando las asignaciones gratuitas y creando un régimen adicional para incluir nuevos sectores no incluidos hasta ahora como el transporte marítimo. 

Además, Bruselas propondrá la creación de un sistema similar para el transporte por carretera y los edificios, previsiblemente a partir de 2025, que incluirá un nuevo fondo social para amortiguar el impacto económico y social y convencer a los Estados miembros más reacios. Según el borrador de la Comisión, “al menos el 50%" de los beneficios generados por el sistema ETS serán desviados a este nuevo fondo de forma que los Estados miembros puedan compensar el coste de la transición en los grupos más vulnerables. A juicio de Monique Goyens, la inclusión de este fondo es una “señal” de que el sistema actual no es justo. Bruselas también revisará el reglamento sobre el reparto del esfuerzo, que establece objetivos anuales vinculantes de emisiones de gases con efecto invernadero en la mayoría de los sectores no incluido por el ETS, como transporte, edificios, agricultura o residuos, responsables del 60% de las emisiones, así como el reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura.

Impuesto al carbono en frontera

El nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), una de las grandes novedades del nuevo paquete legislativo, hará que las empresas que producen en países terceros menos ambiciosos en materia climática y con reglas más laxas paguen una tasa en frontera por sus productos de forma que todos europeos o importados paguen lo mismo por el CO2 y no haya competencia desleal a nivel medioambiental. “Garantizará que el precio de las importaciones refleje con mayor precisión su contenido de carbono” y cumplirá “con las normas de la Organización Mundial del Comercio”, asegura la Comisión sobre un mecanismo llamado a garantizar el equilibrio entre la política de precios del carbono aplicada en el mercado interior y la aplicada a las importaciones.

Según el borrador del reglamento, estarán cubiertos productos como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes y la electricidad -el Parlamento Europeo ha pedido ampliar a otros sectores como refinerías de petróleo, papel, vidrio o productos químicos- y se empezaría a aplicar a partir de 2023. Los empresas que produzcan en países que ya disponen de algún sistema de precio de carbono estarán exentas. No es el caso de países como India, Rusia o Turquía. 

Movilidad más verde

Uno de los elementos claves para lograr cambios en la forma en la que nos movemos y reducir las emisiones procedentes del transporte -un cuarto de todas las emisiones de CO2- será revisar el reglamento sobre estándares de emisiones de los nuevos vehículos. Los nuevos planes de Bruselas apostarán por endurecer los estándares y obligar a los fabricantes a aumentar el objetivo de reducción de emisiones con sanciones para los incumplidores, una forma desincentivar la fabricación de vehículos de combustibles fósiles y acelerar alternativas como el coche eléctrico. 

Una apuesta que obliga también a revisar el reglamento sobre infraestructuras de recarga para aumentar los puntos disponibles -el objetivo de la UE es alcanzar un millón de puntos de recarga en 2025 y 3 millones en 2030- e impulsar una mayor transparencia de precios y facilitar los pagos transfronterizos, dos elementos clave según BEUC para acelerar la transición al coche eléctrico. “Recargar un coche eléctrico tiene que ser tan fácil como llenar un depósito”, sostienen desde BEUC. Bruselas también incluye en sus planes nuevas medidas para acabar con los incentivos a los combustibles fósiles en la aviación e impulsar el uso de combustibles sostenibles (hidrógeno renovable, combustibles sostenibles y biogas) así como propuestas para decarbonizar el sector marítimo, que supone el 11% de las emisiones del sector del transporte en la UE. Para ello propondrá revisar la directiva sobre fiscalidad de la energía, un movimiento siempre complicado dado que requerirá la unanimidad de los Veintisiete.

Más renovables y energías limpias

Los planes de Bruselas también incluyen la revisión de la directiva sobre energías renovables y de eficiencia energética, dos elementos claves también para alcanzar la neutralidad en 2050. La UE estableció en 2018 un objetivo del 32% de renovables en el mix energético para 2030. La intención ahora es elevar esa ambición hasta el 38-40% del consumo aunque permitiendo cierta flexibilidad. 

En cuanto a la eficiencia energética, la normativa actual establece un objetivo de ahorro, no vinculante, del 32,5% para 2030. Según fuentes europea, el plan será convertir en obligatorio el objetivo. Según la asociación europea de consumidores la nueva legislación no solo debería incluir objetivos de eficiencia sino también instrumentos técnicos para levantar los obstáculos que impiden que muchos consumidores renueven sus casas y especialmente aquellas personas afectadas por la pobreza energética.