Crisis colombiana
Suspendidas las protestas en Colombia tras 49 días convulsos y violentos
Los líderes de la contestación han advertido señales de agotamiento en las calles
El número de víctimas mortales supera el medio centenar
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
El conflicto social colombiano entra en un paréntesis. El Comité Nacional del Paro, que reúne a los movimientos sindicales y sociales, decidió suspender de manera temporal las movilizaciones. Atrás quedan 49 días de protestas durante las cuales murieron al menos 45 personas, según el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) eleva a 74 la cantidad de víctimas fatales. Human Rights Watch (HRW) contabilizó 34 decesos en el marco de las movilizaciones. Veinte de esos episodios luctuosos llevan la marca de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con ese organismo. A su vez se han reportado 5.500 detenciones, buena parte de ellas calificadas de arbitrarias, 1.100 heridos y 409 desapariciones. Un total de 1.200 agentes de la policía fueron objeto de agresiones.
La suspensión de las marchas iniciadas el 28 de abril es provisional. "Las causas que las generaron se mantienen vigentes", dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El estallido social comenzó con el rechazo a la reforma tributaria del Gobierno de derechas. El presidente Iván Duque retiró la iniciativa, pero no pudo detener la crisis ni la ola de reclamaciones de cambios políticos. A pesar del desgaste que experimentó en estos días de tensión, Duque no hizo concesiones importantes a las fuerzas que convocaron a manifestarse.
Signos de agotamiento
El Comité Nacional del Paro puso freno a las acciones cuando era perceptible cansancio en las calles. Las negociaciones con las autoridades se habían además empantanado. "Se trata de salvar vidas en dos direcciones", explicó Percy Oyola, de la Confederación General del Trabajo. "No queremos que sigan matando jóvenes", añadió. Para algunos analistas políticos en breve se podrá medir si la suspensión de las acciones será acatada por los miles de colombianos que no responden a ese liderazgo.
A diferencia del estallido de 2019, esta vez el Gobierno fue blanco de denuncias y señalamientos internacionales más vehementes por su responsabilidad en la represión. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país. La vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, inició el pasado lunes una gira por diversos países europeos para explicar lo que sucedió en Colombia durante casi un mes y medio. Ramírez repitió ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la narrativa del presidente Duque: la violencia fue generada por infiltrados en las marchas.
Para la revista digital La Silla Vacía, es poco probable que la protesta se reactive por el momento. "Después de tres semanas de negociación estancada, el Comité se levantó de la mesa con las manos vacías, y cuestionado no solamente por los sectores que lo culpaban de sostener los bloqueos en el país, sino también por muchos de los jóvenes que movieron la indignación y que no se sienten representados por los sindicalistas que lo lideran". La publicación sostiene que desde un primer momento los sindicalistas se encontraron con una imposibilidad objetiva: Duque carecía de autonomía para negociar. "Estaban ante una línea dura de mando que viene del ex mandatario Álvaro Uribe", añade.
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