La suspensión digital de Trump reabre el debate sobre censura y libertad de expresión

El 6 de enero el sistema democrático de Estados Unidos vivió una prueba de fuego sin precedentes con el asalto del Capitolio protagonizado por ultraderechistas seguidores de Donald Trump. Tras la fallida insurrección, el país ha abierto otro debate también trascendental sobre la decisión de las grandes plataformas tecnológicas de suspender permanentemente la cuenta del presidente por “riesgo de incitación a la violencia”. La última en sumarse ha sido este mismo martes YouTube, que ha eliminado el último contenido subido por Trump y le impide colgar nuevos vídeos por al menos 7 días. Un cambio de paradigma sobre el rol de las redes sociales en nuestra democracia.

Atizar el fuego de la protesta contra su propio Gobierno bajo falsas premisas conspiranoicas le ha valido a Trump una reacción en cadena de los gigantes digitales. Facebook, Twitter, Instagram, Google, TikTok, Spotify y YouTube, entre otros, han optado por suspender o restringir la cuenta del líder republicano tras un ataque al Congreso que causó cinco muertos. La decisión fue celebrada por muchos usuarios de esas plataformas, pero también se lanzaron advertencias sobre los peligros que eso puede suponer para la libertad de expresión.

Los gigantes tecnológicos, en el punto de mira por el uso de datos

Desde entonces se ha acentuado una discusión jurídica y política que marca uno de los momentos más trascendentales en la historia de las plataformas digitales y que va mucho más allá de EEUU. ¿Tienen derecho a silenciar a Trump? ¿Se puede hablar de censura?

Plataformas como espacios privados

La legislación estadounidense es clara al respecto. La sección 230 de la Communications Decency Act, considerada la ley fundacional de Internet, establece que las plataformas no son responsables del contenido que albergan ni del que eliminan. Esa ley permitió su crecimiento porque las protegía de posibles demandas. A su vez, las plataformas no son vistas como entes neutrales, sino como espacios privados con políticas de moderación de contenido que aceptas al entrar.

“Es una paradoja que puedan eliminar contenido no ilegal, pero aún así no se trata de censura”, explica Joan Barata, investigador del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford. Obligarlas a mantener una publicación contra su criterio se considera una violación de la Primera Enmienda. “La suspensión del presidente es un simple ejercicio de los derechos de las plataformas (…) pero nos preocupa que asuman el papel de censores”, señala el grupo internacional de derechos digitales EFF (Electronic Frontier Foundation).

Ese debate ha llevado a demócratas y a republicanos a pedir una modificación de esa ley que responsabilice legalmente a las plataformas del contenido de odio que ahí se publica. Pero mientras los primeros lo hacen para obligarlas a asumir unas políticas de moderación más claras contra el extremismo, los segundos lo hacen para acusarlas de censura contra los conservadores. El modelo económico de las plataformas, cuyo algoritmo promociona el contenido radical por su capacidad adictiva, invalida esa tesis de los seguidores de Trump.

El poder de las redes sociales, un riesgo

Pero no todos los juristas comparten esa visión. “Para mí es censura”, señala Borja Adsuara, abogado experto en derecho y comunicación digital. “Nos puede parecer bien que censuren a Trump pero no que lo hagan las multinacionales tecnológicas, sino un juez”, señala, advirtiendo de que se trata de un “ataque” contra la Constitución y las directivas europeas.

Ambos juristas remarcan que la suspensión de Trump evidencia la preocupación por el gran poder que tienen esas empresas tecnológicas en el debate digital. “No es tanto que las plataformas tengan normas y las apliquen, sino que hay la sensación de que tras el asalto sus directivos decidieron suspender la cuenta de Trump”, señala Barata. Aunque defiende el derecho de las redes a hacerlo, alerta de que sin una regulación clara, el poder censor de esas plataformas supone un peligro.

El bloqueo aplicado por Facebook, por ejemplo, fue un cambio repentino en la manera cómo la red social ha protegido y defendido los mensajes políticos en los últimos años, permitiendo a Trump la difusión de conspiraciones supremacistas. “El movimiento sin precedentes, que carece de una base clara en cualquiera de las políticas declaradas anteriormente por Facebook, destaca por millonésima vez que las plataformas dominantes están inventando literalmente las reglas del discurso en línea a medida que avanzan”, explicaba el periodista Will Oremus.

Esa advertencia es compartida por mandatarios europeos poco sospechosos de ser afines al presidente estadounidense. La cancillera alemana Angela Merkel ha remarcado que solo “se puede interferir en la libertad de expresión en la línea de la ley y del marco definido por los legisladores, no de acuerdo con la decisión de la administración de las plataformas de redes sociales”. El comisario europeo de mercado interior, Thierry Breton, ha criticado que la decisión de las plataformas no cuenta con “legitimidad democrática ni supervisión”, mientras que el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, ha señalado que la regulación de Internet “no la puede hacer la oligarquía digital”.

Regulación digital en Europa

En la Unión Europea las plataformas tienen un poder de regulación similar y solo son responsables de eliminar contenidos cuando saben que son ilegales, como el terrorismo o la pornografía infantil. Sin embargo, la actual legislación es del 2000 y, por ello, la Comisión Europea presentó en diciembre dos normativas para reformar el espacio digital que buscan un equilibrio entre la moderación de contenido y la preservación de la libertad de expresión dando a las plataformas “claras obligaciones y responsabilidades para cumplir con las leyes”.

Ambos expertos advierten que, bajo la amenaza de sanciones, esas nuevas leyes europeas tienen el riesgo de incentivar a las plataformas a eliminar contenido legal cómo puede ser la propaganda política o la desinformación sobre el covid-19. “Es una vulneración de la libertad de expresión porque no es una decisión privada, sino fruto de una delegación del poder público”, señala Barata. El peligro es que el apremio de los gobiernos lleve a casos de censura en las redes. Como en EEUU, el sistema europeo protege la libertad de expresión de los individuos ante abusos de los poderes públicos.

“Las redes han empezado a actuar como si fuesen jueces de la verdad”, denuncia Adsuara, que sí aplaude que se obligue a las plataformas a ser transparentes y que los usuarios tengan mecanismos de revisión de sus decisiones. Si la presión pública y social lleva a una moderación de contenido, juristas como Barata señalan que debe ser en base a criterios claros y garantías.

El impacto de esas leyes aún está por ver. Algunos tribunales ya han obligado a las redes sociales a restablecer contenido retirado al entender que se estaba violando la libertad de expresión de sus usuarios, pero no se ha sentado un modelo a seguir. La regulación de las plataformas está en una fase incipiente. El camino está lleno de incertidumbres, pero también de riesgos.

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