Bruselas pone orden en los gigantes tecnológicos

La época del far west en internet ha terminado. Tras muchos meses de trabajo, la Comisión Europea ha presentado este martes su gran reforma digital, con la que pretende atar en corto a los gigantes tecnológicos y poner orden en un mundo sometido a reglas obsoletas, creadas hace dos décadas, cuando no existían ni Facebook ni WhatsApp ni Instagram ni Youtube ni Airbnb y cuando Google apenas había salido del garaje en el que nació y estaba lejos de convertirse en el gigante de las búsquedas que es hoy día. Para ello ha puesto sobre la mesa dos propuestas legislativas: una ley de servicios digitales (DSA), para combatir los abusos de las plataformas que actúan como "guardianes de acceso" al mercado o "gatekeepers", y una ley de mercados digitales (DMA) para fomentar la responsabilidad.

"Ambas propuestas persiguen un objetivo: garantizar que como usuarios tengamos acceso a una amplia gama de productos y servicios seguros en línea y que las empresas que operan en Europa puedan competir libre y equitativamente en el mundo físico igual que en línea", ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, durante la presentación del arsenal de medidas preparado con el comisario de mercado interior, Thierry Breton.

La primera propuesta se dirige a la regulación de contenidos y a responsabilizar a las plataformas sobre lo que comparten y difunden sus usuarios, desde propaganda para influir en procesos electorales o manipular hasta mensajes de incitación al odio, información falsa sobre la pandemia o contenidos ilegales como pornografía infantil de forma que lo que está prohibido en el mundo real también lo esté en el digital. "Han surgido algunas plataformas muy grandes como espacio casi públicos para el intercambio de información y el comercio en línea. Se han convertido en sistémicas y plantean riesgos especiales para los derechos de los usuarios, los flujos de información y la participación de la población", sostiene Bruselas.

Retirada de contenidos ilegales

La nueva norma incluye obligaciones vinculantes a escala europea para todos los servicios digitales que conecten a los consumidores con bienes, servicios o contenidos. Se exigirá que retiren de forma más rápida contenidos ilícitos de sus webs y explicar el motivo, más transparencia respecto a los algoritmos utilizados para recomendar contenidos a los usuarios, una mejor trazabilidad de las empresas que venden en línea para ayudar a localizar a vendedores de bienes o servicios ilegales así como una protección completa de los derechos fundamentales de los usuarios digitales, en línea con el nuevo plan de acción para la democracia europea presentado por la vicepresidenta Vera Jourová.

Cuanto más grandes sean las plataformas y mayor el impacto de sus servicios, más exigencia habrá. Es el caso de las plataformas que lleguen a más del 10% de la población de la UE (45 millones de habitantes) que se considerarán sistémicas y estarán sujetas a obligaciones específicas de control de sus propios riesgos y a una nueva estructura de supervisión. En caso de incumplimiento de las obligaciones, Bruselas prevé sanciones que podrían alcanzar el 6% del volumen global de negocio del año anterior.

Límites a los gigantes

La segunda pieza del arsenal tiene como objetivo responder a las consecuencias negativas derivadas del comportamiento de determinadas plataformas que actúan como "gatekeepers" en el mercado único y que tienen la llave para que muchas empresas lleguen a sus clientes. "Tienen ventajas injustas y eso da lugar a una relación desequilibrada", ha avisado Vestager. Entre los criterios para identificar a estos actores: un volumen de negocio anual en el Espacio Económico Europeo igual o superior a 6.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios, más de 45 millones de usuarios mensuales o 10.000 usuarios profesionales en el último año.

El plan incluye una armonización de las normas que definirán y prohibirán determinadas prácticas desleales. Por ejemplo, impedir que los usuarios se desinstalen programas informáticos o aplicaciones preinstaladas. Bruselas también quiere evitar que favorezcan a sus servicios frente a terceros y que utilicen datos de otras empresas en su beneficio. En caso de incumplimiento también habrá multas de hasta el 10% del volumen de negocio mundial. En caso de reincidir, la sanción podría incluir medidas más estructurales y la obligación de desinversiones si no hay alternativas igual de eficaces.