Malos tratos en las cárceles y centros de detención de Portugal

"Si por mí fuera, te hubiera metido un tiro en la cabeza". Son las palabras que Celso Lopes escuchó dentro del coche patrulla de camino a la comisaría, después de que un policía le disparara una bala de goma en la rodilla a quemarropa. Corría el año 2015. Lopes y otros cuatro jóvenes negros fueron detenidos por pedir explicaciones en una comisaría por el arresto injustificado de un compañero. Una vez dentro, los golpes y los insultos se repitieron. Los jóvenes llevaron la causa a los tribunales hasta que, a finales de noviembre de este año, el Tribunal de Apelación de Lisboa confirmó la condena a ocho policías por lo que ya es un caso probado de abuso policial.

El caso de estos jóvenes es uno más de los muchos que las organizaciones de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, llevan denunciando desde hace años en Portugal. El Consejo de Europa publicó a mediados de noviembre un informe sobre la situación en las cárceles del país y sus conclusiones son demoledoras: los malos tratos son habituales, especialmente en personas afrodescendientes, y no es solo obra de "unos pocos agentes deshonestos". Los autores del informe, que se basan en visitas a cárceles y a centros de detención realizadas en diciembre de 2019, urgen a las autoridades portuguesas a tomar medidas "firmes e inmediatas".

Entre estas medidas, el Consejo de Europa exige una mayor rapidez y profundidad en las investigaciones. "La fiscalía debe entrevistar a la supuesta víctima en un plazo de 48 horas y determinar las medidas adicionales necesarias", señala el informe. Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que muchas denuncias ni siquiera llegan a ser presentadas por los reclusos. "Los guardias se protegen entre ellos, es muy difícil que las denuncias prosperen. Y si la denuncia es archivada, los presos vuelven a ser agredidos al día siguiente", asegura Vítor Ilharco, secretario general de la Asociación Portuguesa de Apoyo al Recluso (APAR), quien lamenta el "sentido corporativista" de los sindicatos de guardias de prisiones.

Agonizando diez horas

Organizaciones como APAR tratan de convencer a los reclusos para que denuncien las agresiones, pero no es fácil. "Hace poco, uno de mis clientes fue golpeado por un guardia en una sala cerrada del Centro Penitenciario de Lisboa, pero se negaba a presentar denuncia porque allí dentro no tienen ninguna protección", explica una abogada especializada en estos casos y que pide mantenerse en el anonimato. La letrada convenció finalmente a su cliente para que presentara una queja y pidió su traslado a otra cárcel para evitar que estuviera en contacto con sus presuntos agresores mientras se lleva a cabo la investigación. La solicitud ha sido denegada.

Los casos de maltratos también afectan a los servicios de inmigración. La fiscalía acusó a finales de septiembre a tres agentes del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) de matar a golpes al ciudadano rumano Ihor Homeniuk en el centro de detención de inmigrantes del aeropuerto de Lisboa. Según una investigación interna, los tres acusados dejaron agonizando a Homeniuk en una sala durante 10 horas con hematomas y fracturas causadas por una paliza. La misma investigación acusa a dos altos cargos del servicio de fronteras de tratar de encubrir el crimen, y el caso ha llegado a salpicar incluso al ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, quien mintió al asegurar que se había abierto una pesquisa horas después de la muerte, tal y como establece la ley.

Otros testimonios han relatado casos de maltrato en el mismo centro de detención, algo que el Gobierno ha ordenado investigar. Pero las explicaciones dadas hasta ahora por el ministro socialista no han convencido ni siquiera a su propio partido, que ha votado esta semana a favor de su comparecencia en el Parlamento junto a la directora general del SEF. Tampoco han convencido a organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que pide una reforma completa del SEF ante lo que "parecen ser comportamientos repetidos y constantes de malos tratos, tortura y violencia injustificada".

En el informe del Consejo de Europa, los inspectores recomiendan a los ministros de Justicia y de Administración Interna lanzar un mensaje fuerte y reiterado en las distintas direcciones regionales de policía en contra de las malas prácticas en los centros de detención. Algo que el Gobierno afirma que se realiza en los entrenamientos de las fuerzas de seguridad. En su respuesta al informe, el Ejecutivo luso reafirma su compromiso en contra de cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades

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