Plebiscito en Chile
Ya casi nadie se acuerda de Pinochet
La consulta es el inicio del desmontaje de la matriz institucional que la democracia chilena heredó del pinochetismo
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
Aún faltaban unos días para la consulta popular que ha de definir el contenido de la futura Constitución chilena, el colectivo feminista LasTesis arrojó al mar y a modo de conjuro un ejemplar de la Carta Magna que se redactó a imagen y semejanza del dictador Augusto Pinochet hace cuatro décadas. Las autoras de Un violador en tu camino llegaron al puerto de Valparaíso vestidas de negro. "Sin libertad, sin igualdad, no hay derechos ni dignidad. Regresa por donde viniste. Hoy hundimos el miedo", se repitió durante un ritual con aires de purificación. Luego, el agua se tragó al texto que buscaba eternizar la obra del régimen militar.
Ha comenzado la etapa final del desmontaje de la matriz institucional que la democracia chilena heredó del <strong>pinochetismo</strong>. El general se jactaba de conocer hasta el más mínimo movimiento de la hoja de un árbol. Uno de los mecanismos de eliminación de la disidencia fue, precisamente, arrojarlos desde helicópteros a las profundidades del mismo mar en las que se han disuelto de manera metafórica y material las páginas de aquella Carta Magna.
"Su" Constitución fue validada en 1980 en el marco de una consulta en la que el "sí" obtuvo el 67% en medio de denuncias de fraude electoral. Hizo sentir su fuerza tutelar a lo largo de los años, incluso en democracia. Por entonces, Pinochet y su legado político y económico eran una misma cosa. Las Tesis pusieron en escena el deseo de cierre de una época. En esta ocasión las encendidas defensas del general muerto en 2006 faltaron a la cita.
Las cosas no eran así en octubre de 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón ordenó el arresto en Londres del dictador y la derecha política y cultural juró defenderlo hasta las últimas consecuencias. Los todavía jóvenes Joaquin Lavín y Pablo Longueria viajaron a Inglaterra para apoyar al general vitalicio. "Fascitas", les gritaron en las calles a los dirigentes de la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI). Y ellos estuvieron a punto de lanzarse a la pelea. Qué no hubieran hecho por Pinochet. Si Lavin y Longueria vieran esas imágenes no se reconocerían. Veintidos años más tarde, ambos apoyan el "Apruebo" en el plebiscito del domingo.
Sin exaltaciones
Ya casi nadie evoca sonoramente al dictador, ni siquiera en la derecha, con excepción de un columnista como Hermógenes Pérez de Arce. El presidente Sebastián Piñera siempre criticó al general por autoritario. Durante la pandemia corrió el rumor de que la viuda de Pinochet Lucía Hiriart estaba a punto de despedirse del mundo. El senador de la UDI, Iván Moreira, desmintió la noticia. "Les puedo contar que se encuentra bien cuidada y vivirá más de 100 años", aseguró uno de los pocos apologistas que le quedan a la familia. El apellido Pinochet, no hace mucho escrito en letras mayúsculas, es desde hace tiempo una rareza en los diarios, y a veces irrumpe por cuestiones de un decaído linaje. Su nieta, Macarena Santelices, apenas estuvo tres meses en el Gobierno como ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
La indiferencia que provoca Pinochet no agota las miradas sobre el pasado. La Cámara ha aprobado un proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos entre 1973 Y 1990. La iniciativa, que todavía debe debatir el Senado, penaliza con hasta tres años de cárcel a quien "justifique" o "niegue" las violaciones a los derechos humanos. Para Human Rights Watch (HRW), "las expresiones ofensivas deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales".
La herencia económica del dictador es todavía un tema judicial. Y hay, además, una herencia política que deberá discutirse a la hora de elaborar una nueva Constitución. Tiene que ver con los carabineros, la policía militarizada cuya brutalidad durante el estallido social remite aun a parte de los protocolos aprendidos y desarrollados bajo Pinochet: disparos indiscriminados, infiltración en las manifestaciones, torturas. Y, además, sus responsables han sido acusados de fraude fiscal y abuso de la fuerza pero, a diferencia de lo ocurrido en la acción del grupo feminista Las Tesiscon la Carta Magna, todavía sigue a flote.
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