crisis sanitaria brasileña
Sindicatos de la salud acusan a Bolsonaro de genocidio ante el Tribunal de La Haya
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
Brasil registró el lunes 685 muertes y 26.496 casos por covid-19. El gigante sudamericano acumula 87.737 decesos y 2.446.397 personas contagiadas. Con el peso de esas cifras, más de 60 sindicatos de trabajadores de la salud han denunciado al presidente Jair Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional en La Haya (TPI) por su responsabilidad en el modo en que impactó la pandemia en ese país.
Según Regina Costa, una de las portavoces del colectivo, "Bolsonaro ha llevado a cabo una estrategia genocida". Para la Red Sindical UniSaúde, que representa a más de un millón de médicos, técnicos y enfermeros, "la materialidad de los crímenes cometidos está debidamente confirmada" en las acciones y omisiones del jefe del Estado, entre ellas, la deriva de la política sanitaria. Desde hace meses, un general, Eduardo Pazuello, experto en logística, se encuentra al frente del Ministerio de Salud, donde nombró a varios militares como subordinados.
El papel del capitán retirado, sostienen los denunciantes, ha quedado en evidencia cuando promovió "la aglomeración de sus partidarios, acercándose a ellos sin máscara" y en la defensa de "medicamentos como la hidroxicloroquina, para los cuales no hay pruebas científicas de su efectividad contra la enfermedad". UniSaúde considera a su vez que Brasil se ha expuesto a una "tragedia general" porque el Gobierno de ultraderecha "no observó la pandemia como debería". Se recuerda en ese sentido cuando el covid-19 fue calificado de "gripecita" y otras subestimaciones del mismo tono.
Ya se han presentado ante el TPI otras denuncias similares contra el mandatario. La fiscalía del tribunal con sede en La Haya posibilita a través del artículo 15 de su carta fundacional, el Estatuto de Roma, que organizaciones, oenegés e incluso personas individuales envíen información documentando supuestos delitos.
Críticas de la Iglesia Católica
Pero además, un grupo de 152 obispos, arzobispos y obispos eméritos de la Iglesia Católica preparan una repulsa pública de la política sanitaria de Bolsonaro. En la llamada ''Carta al Pueblo de Dios', los religiosos, cuyo borrador ya ha sido divulgado por la prensa, sostienen que Brasil atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, que podría compararse con una "tormenta perfecta", propiciada por el Gobierno.
El texto final debe ser aprobado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Los que ya lo han suscrito advierten de la reiteración por parte del Ejecutivo de "discursos anticientíficos que intentan naturalizar o normalizar el flagelo de las miles de muertes, tratándolas como fruto de una casualidad o del castigo divino". El documento augura al mismo tiempo un "caos socioeconómico" con la correspondiente "hambruna" para los próximos meses.
Brasil tiene una tasa de alrededor de 41 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a un 44 por cada 100.000 de Estados Unidos. Bolsonaro acaba de recuperarse de la infección. El capitán retirado atribuyó su curación a la cuestionada hidroxicloroquina, que se acumula en las dependencias estatales contra la escasez de otros medicamentos y recursos indispensables para tratar a los enfermos. Bolsonaro ha contado con mayor suerte que nueve alcaldes que perdieron la vida por el covid-19. La superación de la enfermedad le ha dado mayor fuerza a su reclamo en favor de la reapertura de las actividades económicas.
Vacunas
"Una verdadera epidemia dentro de la pandemia, el uso indiscriminado de cloroquina e hidroxicloroquina puede ser la causa de miles de muertes innecesarias de personas", señaló Mathias Alencastro, columnista de 'Folha de Sao Paulo'. "Sin embargo
-lamentó-, la verdad científica no resuelve el problema" porque la defensa de esa droga es parte en Brasil de un variopinto movimiento "antivacunas" que reúne a anticapitalistas, 'hippies', religiosos, libertarios, nihilistas, homeópatas y reaccionarios en cargos públicos. "La comunidad científica, el Congreso y la Corte Suprema deben tomar medidas radicales para evitar que la estafa de cloroquina se repita con la vacuna. Brasil no puede permitirse errar en la cura como lo hizo en la enfermedad".
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha aprobado la realización de pruebas entre la población de las vacunas desarrolladas por la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer junto con la compañía alemana de biotecnología BioNTech. Desde hace semanas se efectúan también los testeos de inmunización de la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca. La semana pasada se aplicaron en el Hospital das Clínicas de São Paulo las primeras dosis de la vacuna de la compañía farmacéutica china Sinovac.
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