La tensa convivencia entre palestinos y colonos israelíes en Cisjordania

Todo conductor que circule por la carretera que une Jerusalén con la ciudad palestina de Belén tropieza con un cartel en hebreo, árabe e inglés, letras blancas sobre fondo rojo, que advierte: “Esta carretera lleva al área A bajo control de la Autoridad Palestina. La entrada a los ciudadanos israelíes está prohibida, puede ser peligrosa y es contraria a la ley israelí”. El aviso provoca desconcierto entre turistas, pero familiaridad entre palestinos y colonos israelíes, que son quienes viven, pero no conviven, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.                                       

Cisjordania, que el Gobierno israelí y la derecha nacional-religiosa denominan con los términos bíblicos de Judea y Samaria, está dividida en tres áreas administrativas desde los Acuerdos de Oslo (1995): área A, bajo control de la Autoridad Palestina que incluye las ciudades más pobladas como Ramala y Nablus; área B, sector bajo administración civil palestina y control militar israelí, y área C, que representa un 60% de Cisjordania y está controlada exclusivamente por el Gobierno israelí. Los asentamientos judíos considerados ilegales según el derecho internacional se encuentran en el área C, junto con zonas rurales y reservas de tierras palestinas.

Rania Khayyat es palestina, tiene 37 años y vive con su marido y sus hijos en Ramala, la capital de la Autoridad Palestina. “Cada dos semanas visitamos a nuestra familia en Nablus, a 60 km al norte”, explica. “El trayecto puede durar 45 minutos o tres horas dependiendo de si los controles militares israelíes están abiertos, si deciden registrar todos los coches o si han cerrado otros controles y todo el tráfico se concentra en el mismo”. Mientras que el sector administrado por Israel tiene contigüidad territorial, los núcleos de población palestina de las áreas A y B están aislados y el desplazamiento entre ciudades implica el cruce de controles militares. “En estos controles cualquier error te puede costar la vida. Mis hijos de 8 y 11 años lo saben: tienen que estar callados y portarse bien”.

La construcción de asentamientos judíos, respaldados económicamente por el Gobierno israelí y que la Administración Trump dejó de considerar ilegales en noviembre del 2019, dificulta la creación de un futuro Estado palestino.“Vivir en Samaria es un posicionamiento ideológico”, afirma Natan, israelí de 25 años quien creció en el asentamiento de Kedumim, cerca de Nablus. Se marchó a estudiar fuera de Cisjordania, pero su familia sigue viviendo en el asentamiento. “Crecer en Kedumim significó hacerlo en medio de la naturaleza y del silencio. Había muy poco transporte público, tres o cuatro autobuses al día, y los judíos nos desplazábamos haciendo autoestop”, explica. “Significó también ir armado. Es frecuente que a los judíos nos tiren piedras cuándo viajamos en coche. No se trata de vivir con miedo, pero hay que estar alerta porqué nunca sabes qué puede ocurrir”, sentencia.

Según la organización israelí Paz Ahora, hay 132 asentamientos ilegales en Cisjordania, excluyendo Jerusalén Este, que constituyen una violación del derecho internacional. Sin embargo, el gobierno de Israel considera legal su construcción, por lo que no tiene ninguna intención de frenar su política de asentamientos.