La especulación, un quebradero de cabeza de los rusos

Ni siquiera las manifestaciones convocadas por la oposición habían logrado hasta aquel entonces congregar a tanta gente. En la primavera del 2017, decenas de salieron a la calle para protestar contra los planes urbanísticos aprobados por la alcaldía, encabezada por Serguéi Sobyanin. Se trataba de derribar las denominadas jrushchovkas, edificios de paneles prefabricados de cinco plantas construidos bajo el mandato de Nikita Jruschev, lo que implicaba despojar de sus viviendas y realojar a 1,2 millones de personas, en uno de los reformas urbanísticas más grandes emprendidos jamás en la ciudad. 

Muchos de los afectados temían que a cambio de sus pisos, se les ofrecieran viviendas en barrios escasamente equipados, lejos de la red del metro; la oenegé anticorrupción Transparencia Internacional llegó a calificar el megaproyecto de "regalo de la alcaldía a los oligarcas". Las movilizaciones forzaron a Sobyanin a enmendar la ley, tras recibir un 'paternal' tirón de orejas público por parte del presidente Vladímir Putin. Entre otras mejoras, se obligó a las constructoras a ofrecer a los propietarios pisos en su mismo distrito municipal.

"El plan de renovación es uno de los esquemas con los que las constructoras cometen abusos", explica Stanislav Stánkievich, uno de los escasos abogados de Moscú especializados en el tema. "Aunque la ley establecía que las juntas de vecinos debían dar su visto bueno al derribo, se daba un plazo muy corto de tiempo, de dos meses y medio, para que se celebraran las juntas de propietarios en cada edificio afectado; se permitía votar a distancia, por internet y en muchas ocasiones los inquilinos no pudieron controlar que las votaciones no fueran fraudulentas", destaca. 

Pisos de valor inferior

Dos años y medio después de entrar en vigor el proyecto, Stánkievich denuncia que muchos de los que se cogieron a él recibieron pisos "de valor muy inferior, junto a autopistas o avenidas transitadas", lo que les acarreó pérdidas económicas significativas. Además, el letrado arremete contra la opacidad de la legislación. "Nadie sabe quién realizó la lista de los edificios incluidos en el programa, ni tampoco hay cifras del número de personas que han sido realojadas", detalla.

Los llamados planes de reconstrucción anunciados por decreto por la alcaldía constituyen otro de los métodos recurrentes, denuncia Stánkievich. De un día para otro, los vecinos se ven incluidos en uno de estos proyectos y se les informa que sus casas serán tiradas abajo en breve, sin que ningún afectado pueda presentar alegaciones en contra ya que los jueces siempre sentencian "en favor de la alcaldía o las empresas", sostiene Iván Rozhkov, vecino de un inmueble amenazado en el barrio de Kúntsevo.

Falsificación de informes

Por último, es frecuente también la falsificación de los informes sobre el estado de las viviendas, declarando que los edificios en cuestión se hallan en mal estado y deben ser derribados.    

Durante la era soviética, no existía la propiedad privada, pero cada edificio tenía asignado un territorio y unas premisas comunales. Cuando se privatizaron los apartamentos, todas estas divisiones "no fueron actualizadas" e incluidas en los modernos catastros, pese a que la ley estipulaba que pasaban a ser propiedad de los vecinos. Como resultado, es frecuente que los vecinos poseean un apartamento, pero que el territorio en el que está construído el edificio y el espacio adyacente sea asumido por la alcaldía y las constructoras como "tierra de nadie", abriendo un amplio abanico de posibilidades a la especulación.