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POLÉMICA URBANÍSTICA EN RUSIA

Moscú se lava la cara

Entra en vigor la ley que permitirá a la alcaldía de Moscú derribar 5.500 edificios y realojar a 1,2 millones de personas

Las protestas de decenas de miles de personas han obligado a las autoridades a introducir modificaciones en el programa original

Marc Marginedas

Los turistas contemplan el skyline de Moscú.

Los turistas contemplan el skyline de Moscú. / AFP / ALEXANDER NEMENOV

Bajo la estilizada sombra de la torre de televisión Ostánkino, de 540,1 metros de altura, y de las elevadas construcciones que la circundan, el edificio que ocupa el número 7 de la moscovita calle Bochkova parece como extraído de otro tiempo.

Son cinco plantas de pisos de material prefabricado, pintados de un blanco crema que deja al descubierto, a ojos del viandante, los ribetes de los paneles con los que se levantó la construcción en el siglo pasado, allá por los años 60. Los rudimentarios cerramientos en algunos de los balcones permiten a los vecinos acumular trastos en ese espacio extra, algo muy necesario en una ciudad como Moscú, donde proliferan los apartamentos de reducido tamaño. 

El bloque  es solo uno de los miles edificios afectados por el plan urbanístico que acaba de entrar en vigor en Rusia, tras ser rubicado por el presidente Vladímir Putin. La alcaldía de Moscú, con Serguéi Sobyanin al frente, derribará de forma masiva el parque de viviendas construídas a mitad del siglo pasado para paliar el déficit que existía en la Unión Soviética tras la segunda guerra mundial,  edificios de apartamentos denominados 'jruschevki' por haber sido erigidos precisamente durante el periodo en que Nikita Jruschev ocupó la primera secretaría del Partido Comunista de la URSS.  

VOTACIONES EN LOS EDIFICIOS AFECTADOS

El proyecto ha establecido que fuesen los vecinos quienes decidan en votaciones si se acogen o no al plan. Según los cálculos del diario económico Vedómosti, hasta un total de 5.500 edificios y 1,12 millones de personas se verán afectadas -casi un 10% de los habitantes de la capital- lo que lo convierte en unos de los planes de reasentamiento urbano de mayores dimensiones jamás emprendidos por unas autoridades municipales. Los afectados recibirán otro apartamento.

Para respaldar la medida, el alcalde insiste en que los edificios fueron concebidos en un momento de carencia y que estaban pensados para durar tan solo "50 años", un periodo de tiempo superado ya con creces. En cambio, en un reciente informe, la oenegé 'Trasparencia Internacional' ha calificado las ideas de la alcaldía como un regalo, a cargo del erario público, al sector de la construcción ruso, duramente afectado por la recesión que ha atravesado el país en los dos últimos años.    

Anna, quien no quiere revelar su apellido, no está de acuerdo con la opinión del regidor Sobyanin acerca del estado de su 'jruschevka'. "Yo creo que el edificio no está en malas condiciones; solo habría que arreglar el portal y la escalera; en invierno, mi piso, de unos 60 metros cuadrados, es muy confortable".

Es el apartamento donde nació y vivió con sus padres. "Este es mi barrio, donde he crecido y jugado; por nada del mundo querría ir a ningún otro sitio", puntualiza.

El ambiguo enunciado del texto legal, cuando todavía estaba en fase de tramitación parlamentaria, puso en pie de guerra a un buen número de afectados. En su versión original, la ley no especificaba el lugar donde serían reasentados los afectados por los derribos, lo que hizo pensar a muchos de ellos que se les entregaría apartamentos de inferiores condiciones y alejados del centro.

En mayo, decenas de miles de personas salieron a la calle para protestar contra los planes de la alcaldía. El exdiputado opositor Dmitri Gudkov denunció entonces que "la ley" permitía que el programa fuera puesto en práctica " de acuerdo con los intereses de las constructoras, y no de los residentes". 

Finalmente, y tras una reprimenda pública dirigida al alcalde por parte del presidente Vladímir Putin -con la mente probablemente puesta ya en las cercanas presidenciales del próximo año- el planteamiento inicial fue modificado y se estableció, entre otras cosas, que los afectados sean realojados en el mismo barrio en el que residían.

"He dado mi sí condicional al plan después de las modificaciones, pero estaremos vigilantes", explica telefónicamente Mijaíl Kesin, uno de los activistas contra el proyecto de derribos. Pese a su dubitativa aquiescencia, admite que la ley recién aprobada "viola el derecho constitucional a la propiedad privada".

En cambio, Aliosha Trajanov, cuya madre reside en una 'jruschevka', ve más ventajas que inconvenientes, sobre todo tras las modificaciones. "La gente que ha hecho reformas en sus pisos se preocupa; pero lo cierto es que tendrán mejores y más grandes pisos; en una jruschevka los apartamentos tienen como máximo 40-50 metros cuadrados".     

             

                 

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