Juristas del CPI critican que el tribunal no investigue presuntos crimenes de EEUU en Afganistán

Un grupo de expresidentes y miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido que se revise el funcionamiendo del tribunal con sede en La Haya. Este reclamo se produce tras la decisión de la CPI, el pasado 12 de abril, de no investigar los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán entre el 2003 y el 2004.

Desde la llegada al Gobierno de Donald Trump la institución ha recibido numerosas presiones para que no se investigase. Incluso, y como advertencia, Washington decidió no conceder el visado de entrada a Estados Unidos a Fatou Bensouda, la fiscal jefe de la Corte, a principios del mes de abril. 

"Estamos decepcionados por la calidad de algunas de sus actuaciones judiciales, frustrados por algunos de los resultados y exasperados por la gestión deficiente que impide al tribunal trabajar a su máximo rendimiento", se puede leer en el texto que ha hecho público en la web del Consejo del Atlántico, uno de los órganos que forman el CPI, titulado 'La Corte Penal Internacional que hay que arreglar', el grupo de juristas. 

Los firmantes, entre los cuales está el exAlto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid ra'ad al-Hussein, ha apelado a la independencia del tribunal. Consideran que su eficacia es más importante que nunca debido "al momento de erosión del estado de derecho" que se vive en algunos países del mundo.

Un clima realmente hostil

"Este es un mal momento para la Corte que corre el riesgo de parecer menos resistente de lo que debería. Si bien ha sido el blanco de ataques políticos desde su creación, el clima actual es realmente hostil", explican en el texto.

En los últimos años, el tribunal ha advertido de la dificultad de realizar su trabajo dificultad  debido a los obstáculos impuestos por varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia y China, que no han ratificado el Estatuto de Roma, el documento fundacional del CPI, creado en 1998 pero que no entró en funcionamiento hasta 2002.

"La CPI rechazó por unanimidad la solicitud que presentó en noviembre del 2017 la fiscal Bensouda para abrir una investigación sobre posibles crímenes cometidos por Estados Unidos durante el brutal conflicto armado en Afganistán. Con esta decisión, se les cierran las puertas de golpe a las víctimas y sus familias, quienes no han podido recurrir a la justicia", han explicado desde Human Rights Watch (HRW) sobre la polémica decisión. 

El presidente Trump celebró la decisión de no investigar a los militares como "una gran victoria nacional". Tal y como advierte HRW "las décadas de impunidad en Afganistán muestran que casi siempre los intereses de los poderosos prevalecen sobre las víctimas y el derecho que tienen a exigir que los responsables rindan cuentas".