Jaque a la libertad de culto en Rusia

Una iracunda multitud se posicionó frente al Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová en San Petersburgo, un día de abril del 2017. Apenas habían transcurrido unas horas de la lectura de la sentencia, en la sede del Tribunal Supremo ruso, declarando "organización extremista" a esta confesión religiosa y prohibiendo "sus actividades" en el país, cuando decenas de activistas ortodoxos ya bloqueaban el principal acceso a la instalación, un aséptico y funcional complejo de color rojo y blanco sito en la avenida de Kolomyazhskiy, al norte de la ciudad. De repente, como si los detentadores del inmueble hubieran cometido un pecado bíblico merecedor de la lapidación, un individuo surgió del grupo atacante, tomó la iniciativa, y empezó a arrojar adoquines, vociferando insultos y amenazas. 

La clausura y expropiación de las premisas aún tardó unos meses en materializarse. El Salón de Asambleas petersburgués, que por aquel entonces era el principal centro de este grupo cristiano en territorio ruso, recibió en diciembre de ese año la visita de agentes armados, que rodearon el lugar y se hicieron con su control manu militari. Días después, las instalaciones ya tenían un nuevo propietario: el Centro Médico Almazov, que ya contaba con propiedades en ese vecindario y que se define en su página web como una institución "proveedora de servicios sanitarios" e "importante colaboradora científica".

Han transcurrido casi tres años desde el inicio de la represión contra los Testigos de Jehová en Rusia, pero las cosas no cesan de empeorar para sus feligreses rusos. Dmitri Mijailov, de 45 años, convertido desde el ateísmo en 1993, explica por teléfono, desde una ciudad cuyo nombre no revela, su reciente estancia de seis meses en prisión, después de ser detenido en mayo pasado, acusado de "extremismo", tal y como lo define el controvertido artículo 282 del Código Penal ruso. A diferencia de lo sucedido con otros compañeros, Dmitri asegura que "no" fue torturado, pero sí destaca que utilizaron a sus "compañeros de encierro" para maltratarlo física y psicológicamente, porque querían que se declarara "culpable en los interrogatorios". Su caso, según su opinión, no se sostiene, y "la única prueba" de la que disponen sus acusadores es un "vídeo" en el que se le vé "hablando de la Biblia" con otras personas. 

Pendiente de juicio

Dmitri fue liberado en noviembre, y ahora está pendiente de juicio "aún sin fecha", aunque eso sí, tiene restringida la libertad de movimientos. Ha logrado mantener su puesto de trabajo, pese a que acusa al FSB de exigir a sus empleadores que le despidieran. Teme por lo que pueda suceder a su esposa, que a su vez ha sido incriminada en el mismo caso. Las últimas informaciones procedentes de Surgut, una ciudad de provincias de Siberia occidental, donde siete compañeros aseguran haber sido torturados mediante golpes, tentativas de ahogamiento y pistolas paralizadoras le preocupa enormemente, una persecución frente a la que asegura solo hallar consuelo "en la Biblia".

Yaroslav Sivulskiy, portavoz de los Testigos de Jehová, asegura no entender las razones de semejante encarnizamiento, en una entrevista telefónica desde Lituania. "No nos involucramos ni nos pronunciamos acerca de la situación política en el país, somos neutrales y obedecemos hasta el último requisito de la ley", puntualiza. Antes de la ilegalización, mantiene Sivulskiy, "llevabamos dos decenios trabajando en Rusia sin problemas", un periodo, eso sí, en el que experimentaron un rápido crecimiento en el número de feligreses: "De 16.000 seguidores" a principios de los 90 "a más de 175.000".

En los dos años y pico transcurridos tras la prohibición, la situación se ha revertido por completo. Centenares de locales han sido requisados, cientos de creyentes han solicitado asilo político en Finlandia, mientras una veintena de ellos, según el portavoz, se encuentran encarcelados en prisión preventiva. Las más de 300 organizaciones de los testigos en Rusia han solicitado al Tribunal Europeo de Derechos del Hombre que se pronuncie contra su ilegalización, mientras instituciones internacionales u oenegés como Human Rights Watch o Amnistía Internacional criticaban los arrestos y la presión a la que son sometidas.

Se está creando "un peligroso precedente y se criminaliza el derecho a la libertad de religión", acaba de denunciar Michel Batelet, comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tras la condena de Denis Christensen, un miembro del grupo de nacionalidad danesa, a seis años de internamiento en una colonia penal. La reciente detención y expulsión del país de dos mormones hace temer que la presión se traslade a otras minorias religiosas, al tiempo que la organización estadounidense Open Doors incluía recientemente y por vez primera a Rusia en la lista de países donde los cristianos sufrían "persecución", equiparando al país con Arabia Saudí, Corea del Norte o China.  

Aleksándr Dvorkin, profesor de Historia de la Iglesia y Estudios Religiosos en la universidad ortodoxa San Tijón mantiene que los Testigos de Jehovah "rompen familias, plantean un peligro para la salud de sus feligreses e incitan al odio de otras confesiones". Declarándose contrario a las penas de prisión contra sus miembros y condenando como una "flagrante violación de la ley" las denuncias de torturas en Surgut "si éstas se han producido", Dvorkin justifica que en Rusia éstos reciban la calificación de organización "extremista", equiparándola el autoproclamado Estado Islámico. "Existen dos tipos de extremismo, el dirigido "al exterior" del grupo, como ISIS, y el dirigido "al interior de una confesión religiosa, que flagrantemente viola los derechos humanos de sus miembros".