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OASIS DE COOPERACIÓN

La ley de reforma de justicia penal, un inusual acuerdo bipartidista en EEUU

Trump firmó el viernes una norma que mejora las condiciones y opciones de los presos federales

Los críticos denuncian la exclusión de los inmigrantes y alertan de nuevos riesgos de discriminación

Idoya Noain

Donald Trump toca a Alveda King, evangelista y sobrina de Luther Martin King, que habló durante la ceremonia de la firma de la Ley Primer Paso, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de ediciembre del 2018. 

Donald Trump toca a Alveda King, evangelista y sobrina de Luther Martin King, que habló durante la ceremonia de la firma de la Ley Primer Paso, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 21 de ediciembre del 2018.  / REUTERS / JOSHUA ROBERTS

Horas antes de que la polarización política de Estados Unidos llevara una vez más a un cierre parcial del gobierno por falta de acuerdo presupuestarioDonald Trump firmaba el viernes la Ley Primer Paso, una norma que reforma el sistema de justicia penal y representa un oasis de cooperación bipartidista.

La ley logró 87 votos en el Senado, un hito estos días. Ha contado con el apoyo de grupos tan dispares como la progresista Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los conservadores hermanos Koch e iglesias evangélicas y de congresistas en polos opuestos como la senadora demócrata Kamala Harris y el republicano Ted Cruz. Y aunque hay activistas que la rechazan por insuficiente, otros la reciben como "un avance”.

Menos del 10% de los presos

La ley solo afecta al sistema federal de prisiones, donde están encarcelados 180.000 de los 2,1 millones de presos de EEUU. Entre sus puntos centrales está que da más libertad a los jueces a la hora de aplicar sentencias para algunos delitos de drogas sin violencia y relaja algunas sentencias mínimas obligatorias. Hace además retroactiva una ley de 2010 que puso fin a las disparidades en las sentencias por crack y cocaína en polvo, más duras en el primer caso, que castigaron desproporcionadamente a los negros.

La ley prohíbe prácticas como esposar a presas embarazadas durante los partos y requiere el encarcelamiento cerca de la familia, amplía oportunidades de optar a programas de formación, trabajo y rehabilitación y da a los presos la posibilidad de ganar dinero que pueden usar una vez libres. También expande los “créditos de tiempo” por buen comportamiento. Según algunos análisis, 4.000 presos podrían cualificar inmediatamente para salir de prisión.

Aunque los republicanos frenaron una ley de reforma aún más ambiciosa en la presidencia de Barack Obama la han sacado adelante en la presidencia de Trump, cuyo yerno y asesor, Jared Kushner, ha dirigido las negociaciones. Su padre pasó más de un año encarcelado por un delito financiero.

Críticas

Entre las críticas a la ley está que excluye a los inmigrantes, que representan más de la mitad de los casos federales. Asimismo, se cuestiona que se use un sistema de algoritmos para determinar quién representa más riesgo y excluirles de algunos de los cambios, advirtiendo sobre potencial discriminación. Y se alerta de que favorecerá de nuevo al complejo industrial carcelario privado que se encarga de muchos de los centros para los presos en transición, donde hay más de cuatro millones de personas, y se intensificará el polémico uso de aparatos electrónicos de seguimiento.