AMÉRICA CENTRAL

Ortega prohíbe las marchas opositoras en Nicaragua

El Gobierno les responsabiliza de los más de 300 muertos en protestas desde abril

Simpatizantes sandinistas protestan durante una marcha en favor del Gobierno nicaragüense.

Simpatizantes sandinistas protestan durante una marcha en favor del Gobierno nicaragüense. / ALFREDO ZUÑIGA (AP)

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El conflicto político en Nicaragua entra en un cono de sombras más oscuro con la decisión  del Gobierno de Daniel Ortega de limitar estrictamente la protesta ciudadana. “Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, advirtió la Policía. Para los adversarios del presidente se trata lisa y llanamente de una prohibición.

Según la Policía, un ariete fundamental del orteguismo, la oposición es responsable de la crisis que ha dejado desde el 19 de abril pasado más de 300 muertos en las calles. El aviso oficial se conoció antes de la realización este sábado de la “Marcha de la rebeldía” que incluye la consigna desafiante “no tenemos presidente”. Expertos en Derecho Constitucional y defensores de derechos humanos citados por el portal Confidencial aseguran que la medida adoptada por las autoridades es lesiva de la Carta Magna porque, entre otras cosas, le atribuye a las fuerzas de seguridad facultades que no le corresponden. “Es un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental”, dijo Azahálea Solís. “Se está instalando un estado de excepción con esa prohibición”, señaló la socióloga, investigadora en temas de seguridad ciudadana y a la vez expolicía, Elvira Cuadra.

Orden

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“La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden público”, previno la institución.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA  (CIDH) dejó entrever que se trata de un hecho inquietante. “La CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”.

* Fe de errores

El conflicto político en Nicaragua entra en un cono de sombras más oscuro con la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de limitar estrictamente la protesta ciudadana. «Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales», advirtió la Policía. Para los adversarios del presidente se trata lisa y llanamente de una prohibición. Según la Policía, un ariete fundamental del orteguismo, la oposición es responsable de la crisis que ha dejado desde el 19 de abril pasado más de 300 muertos en las calles. El aviso oficial se conoció antes de la realización este sábado de la «Marcha de la rebeldía» que incluye la consigna desafiante «no tenemos presidente». Expertos en Derecho Constitucional y defensores de derechos humanos citados por el portal Confidencial aseguran que la medida adoptada por las autoridades es lesiva de la Carta Magna porque, entre otras cosas, le atribuye a las fuerzas de seguridad facultades que no le corresponden. «Es un acto gubernamental de criminalización de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental», dijo Azahálea Solís. «Se está instalando un estado de excepción con esa prohibición», señaló la socióloga, investigadora en temas de seguridad ciudadana y a la vez expolicía, Elvira Cuadra. Orden «La Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden público», previno la institución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) dejó entrever que se trata de un hecho inquietante. «La CIDH recibe con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática».