Trump abre la puerta para deportar a 800.000 'dreamers'

Donald Trump sigue gobernando casi exclusivamente para sus bases más incondicionales. No se puede explicar de otro modo su decisión de rescindir la ley que protegía hasta ahora de la deportación a 800.000 inmigrantes indocumentados800.000 inmigrantes que llegaron al país siendo unos niños, una normativa que no solo contaba con el apoyo demócrata sino también de muchos congresistas republicanos. El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, ha anunciado esta mañana la controvertida decisión, que deja en un limbo a cientos de miles de inmigrantes que no solo se sienten estadounidenses, sino que están en muchos casos perfectamente integrados en su país de acogida. Su suerte la decidirá el Congreso, al que la Casa Blanca ha dado seis meses de plazo antes de que expire definitivamente el blindaje a los ‘dreamers’.

Trump cumple así con una de las promesas de su campaña, a pesar de que en abril afirmó que iba a ser “compasivo” con los ‘dreamers’.  “Pueden estar tranquilos”, llegó a decir. Pero la realidad ha acabado siendo muy diferente y la ley aprobada por su predecesor en el 2012, conocida por su acrónimo DACA, tiene ahora los días contados. “No soy partidario de castigar a los menores, muchos de los cuales son hoy adultos, por las acciones de sus padres”, ha dicho el presidente en un comunicado. “Pero debemos reconocer que si somos una nación de oportunidades es porque somos un país de leyes”.

Permisos renovables

Su Administración ha justificado la decisión argumentando que DACA era “inconstitucional”, una suerte de amnistía encubierta, fruto del “abuso de poder” de Obama, que “quiso hacer específicamente lo que el poder legislativo se negó a hacer”, en palabras de Sessions, uno de los mayores halcones en materia inmigratoria que quedan en la Administración. En realidad, Daca no fue una amnistía porque en ningún momento propuso la regularización de los ‘dreamers’. Lo que hizo fue concederles permisos de trabajo renovables cada dos años, acceso a la universidad y blindarlos de la deportación. Siempre y cuando hubieran entrado en el país antes del 2007 y con menos de 16 años de edad.

La pelota está ahora en manos del Congreso, que tendrá seis meses para actuar si no quiere ver como las autoridades inmigratorias empiezan a expulsar ‘dreamers’. No será sencillo porque, en el Capitolio, la inmigración sigue siendo un tema intratable, como demuestran los intentos frustrados de Obama para aprobar una reforma. El legislativo tiene además una larga lista de temas pendientes de envergadura, como la reforma fiscal que pretende aprobar Trump o el plan de infraestructuras y es dudoso que vaya a hacer del futuro de los ‘dreamers’ un asunto prioritario. La contestación en la calle ya ha comenzado. Durante la jornada, hubo manifestaciones frente a la Casa Blanca para protestar la decisión del presidente.