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COMICIOS LEGISLATIVOS

Acoso y derribo en Rusia contra quienes denunciaron el fraude en las últimas elecciones

Los organizadores de las marchas contra la manipulación electoral en los comicios del 2011 y el 2012 afrontan persecución judicial, ostracismo social, o se exilian

Marc Marginedas

Varias personas pasan junto a un póster electoral del partido nacionalista Rodina (Patria), en Moscú, este jueves.

Varias personas pasan junto a un póster electoral del partido nacionalista Rodina (Patria), en Moscú, este jueves. / AP / PAVEL GOLOVKIN

Han transcurrido casi cinco años de las más multitudinarias manifestaciones registradas en Rusia desde la llegada de Vladímir Putin al poder, en el 2000. Durante los meses de otoño e invierno de finales del 2011 y principios del 2012, decenas de miles de personas -en algunas ocasiones llegaron a rozar los 100.000 manifestantes- desafiaron las gélidas temperaturas de entonces y mantuvieron en jaque a la élite política que gobierna el país desde hace más de 15 años, para protestar contra lo que consideraban una "manipulación masiva" en el recuento de votos de los últimos comicios legislativos y presidenciales.

Las manifestaciones acabaron abruptamente un día antes de la toma de posesión de Putin como presidente electo de Rusia, en la plaza Bolótnaya de Moscú. Centenares de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad acusadas de participar en masivos altercados del orden público. Desde entonces, participantes organizadores de aquellos multitudinarios eventos se debaten entre la presión judicial, con querellas que limitan enormemente su acción política, y un ostracismo social que les quita oxígeno para defender sus ideas. Algunos no han podido resistir la presión, y han optado por el exilio.

Nikolái Liaskin, jefe de la sección de Moscú del Partido del Progreso, fue una voz destacada en los mítines de hace un lustro. Aunque no fue formalmente acusado por los desórdenes, sí afronta otra causa judicial en la que también está incluido el célebre bloguero antocorrupción Alekséi Navalny. Pese a todos los obstáculos, ha conseguido ser registrado como candidato en el barrio moscovita de Sókol.

DETENCIÓN EN AGOSTO

En agosto, mientras hacía campaña, Liaskin fue detenido y acompañado a la sección local del Departamento de Asuntos Interiores, que le exigía que levantara su 'stand' electoral, colocado junto a una boca de metro, por considerarlo un piquete. Hace dos días, la Comisión Electoral de su circunscripción envió una petición a la fiscalía solicitando que le sea levantada la inmunidad que le corresponde como candidato a diputado.

"Es muy difícil hacer campaña bajo semejante presión; cuando hago mítines públicos, siempre tengo que enfrentarme a provocadores, que me recriminan estar incluido en una causa judicial", explica Liaskin a EL PERIÓDICO. No parece creer que las movilizaciones del 2011 y el 2012 se repitan. "Ya nadie piensa que se pueda cambiar nada", apunta.

La intimidación afecta a todo el espectro ideológico de quienes se manifestaron al inicio de esta legislatura, tanto a la derecha como a la izquierda. Vladímir Akimenov, del Frente de Izquierda, llegó a pasar 557 días en prisión, antes de ser amnistiado. No parece que haya podido retornar a la normalidad. Tras aceptar dos entrevistas con este corresponsal, acabó cancelándolas a última hora, alegando asuntos familiares y razones de salud.

Y es que la amnistía de la que algunos detenidos se beneficiaron es, en opinión de algunos de sus abogados, un método para que el encausado se sienta aún coartado, tal y como explica telefónicamente Serguéi Teterin, que defendió a Dimitri Altaichinov, otro de los condenados. "Una amnistía no equivale a una rehabilitación. Según el código penal ruso, la amnistía quiere decir que el delito se ha cometido, con consecuencias en caso de reincidencia".

Por último, hay algunos para los cuales la cárcel no fue siquiera una opción. Alekséi Kiseliov, activista homosexual y participante en las manifestaciónes, ha recibido el estatus de refugiado político en España. "Preferí huir, porque en Rusia, en las prisiones, hay una división de castas entre los presos y los gais están en lo más bajo del escalafón; se les considera proveedores de servicios sexuales", declaró a EL PERIÓDICO en el 2013.