La policía deja libre a Lula tras interrogarle por corrupción

Brasil se despertó este viernes sumido en el caos. A primera hora de la mañana, los agentes de la Policía Federal habían irrumpido en la vivienda del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la localidad de Sao Bernardo dos Campos, en el estado de Sao Paulo. 

La 24ª fase de la Operación Lava Jato estaba en marcha y, esta vez, el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) era el objetivo. La imagen de un avergonzado Lula siendo escoltado hasta la comisaría de a Policía Federal, donde prestó declaración durante más de dos horas, no será olvidada por los 204 millones de brasileños. Lula fue después puesto en libertad.

Desde la sede del PT, Lula ha cargado contra el juez que ha ordenado su detención por creer innecesario "enviar a la policía a la casa de mi familia". El expresidente brasileño ha dicho que el interrogatorio al que ha sido sometido ha servido más para el "espectáculo mediático" que para "la investigación". Para Lula, hoy es un día para la "indignación" y la actuación judicial una "falta de respeto" a la democracia.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por su lado, ha calificado de  "innecesaria" la operación policial y ha pedido  "respeto" a los derechos individuales y "responsabilidad" a las instituciones.

Todo comenzó cuando el Ministerio Público Federal (MPF) ordenó la conducción coercitiva sobre el expresidente brasileño acusado de ser uno de los “principales beneficiados” de la red de corrupción que operó en la petrolera semiestatal Petrobras, es decir, Lula se situó, de la noche a la mañana, en el epicentro del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.  

“El expresidente Lula, además de líder del partido, era el responsable final por la decisión de quienes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiados de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron las campañas electorales así como la contabilidad no declarada del partido”, detalló el comunicado del MPF. 

CUANTIOSAS DONACIONES

De hecho, a pesar de que la aparatosa conducción de Lula ante la Policía Federal no fue más que “para garantizar sus declaraciones en total seguridad”, como aclaró el procurador del MPF, Carlos Fernando dos Santos Lima, lo cierto es que las evidencias en su contra dejan poco lugar a dudas de que el expresidente acabará siendo, tarde o temprano, uno más de las decenas de políticos y empresarios detenidos en la Operación Lava Jato.

En concreto, Lula está acusado de haberse beneficiado de las cuantiosas donaciones de las empresas relacionadas con el cártel de corrupción en Petrobras (OAS, Odebrecht, etc.) que fueron recibidas y blanqueadas a través del Instituto Lula, fundación que gestiona la imagen pública del expresidente, y la empresa LILS Conferencias, con la que Lula realizó conferencias sobre política en todo el mundo incluyendo España y más concretamente Barcelona. No en vano, Lula recibió, entre otros innumerables galardones, el Premio Príncipe de Asturias en 2003 y el Premio Internacional Catalunya 2012.

Según los cálculos del MPF, solamente las cantidades blanqueadas por ambas entidades sumaron entre 20,7 y 35 millones de reales (entre 5 y 8,5 millones de euros). Además del dinero recibido a través de las donaciones, Lula habría disfrutado de otros beneficios en especie como varios apartamentos de lujo proporcionados por las empresas como el tríplex localizado en la ciudad costera de Guarujá o la finca rural de Atibaia, una mansión en la que Lula y su familia solía pasar largas temporadas.

Sin embargo, las reacciones a las acusaciones sobre Lula no se hicieron esperar. Pocas horas después de la detención del expresidente, el Instituto Lula la criticó agriamente a través de un comunicado oficial en el que la calificó de “arbitraria, ilegal e injustificable”.

“La violencia practicada contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente, es una agresión al estado de derecho que afecta a toda la sociedad brasileña”, detalló la nota que, curiosamente, no dedicó una sola línea a la detención de su presidente, Paulo Okamoto, quien también resultó apresado debido a su estrecha relación con los hechos atribuidos al líder del PT.

PROTESTAS EN LA CALLE

Mientras Lula declaraba ante los investigadores, centenares de militantes de la izquierda y la derecha brasileña se concentraron frente a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. 

Los gritos de “No al golpe” y “Lula héroe nacional”, eclipsaron con los de “Lula ladrón” y “PT a la cárcel”, una auténtica lucha por captar la atención de los medios de comunicación que acabó con la intervención de la Policía Militar y la dispersión de los manifestantes. 

Otro tanto ocurrió frente a la casa de Lula en Sao Bernardo dos Campos, donde centenares de militantes del PT aguardaron pacientemente la llegada del expresidente tras prestar declaración.

En el fondo, la gran cuestión del día fue si la fulminante acción contra Lula se extendería a su sucesora y heredera política: Dilma Rousseff. Cabe recordar que tan solo 24 horas antes de la irrupción de la Policía Federal en casa de Lula, la prensa del país había filtrado las explosivas declaraciones ante la Justicia Federal del exlíder del PT en el Senado, Delcidio de Amaral, quien había permanecido detenido durante 87 días. 

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Según publicó la revista Istoé, Amaral, en un ataque de ira al sentirse abandonado por la presidenta tras su detención, acusó a Lula y Rousseff de entorpecer las investigaciones de la Operación Lava Jato y de buscar el silencio de los directores de Petrobras y políticos detenidos a través del pago de sobornos.

 Arrinconada por la prensa del país y con el juicio político o "impeachment" a la vuelta de la esquina, no era momento para dar un paso en falso. Tras reunirse durante toda la mañana con todo su equipo ministerial en el Palacio de Planalto, la presidenta se limitó a guardar silencio.