Chile se fractura en el recuerdo del golpe militar contra Allende

El Gobierno chileno ha respirado con cierto alivio. El 40º aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende fue más tranquilo que otras conmemoraciones. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que en Santiago se desarrollaron las actividades en completa normalidad gracias a los 5.000 policías desplegados en los lugares estratégicos de la capital. Los incidentes fueron menores. Hubo 68 personas arrestadas, hubo intentos aislados de levantar barricadas en un barrio acomodado, fueron tomadas algunas escuelas y se denunciaron ataques a autobuses.

Los 40 años de la trágica caída del presidente que quiso construir el socialismo por la vía democrática encontraron a sus históricos seguidores y las nuevas generaciones unidos en el recuerdo de aquella figura. Proliferaron los homenajes. La derecha, que en el 2010 llegó al poder por medio del voto después de medio siglo, mostró inéditas fisuras a la hora de recordar aquellos sucesos. Un sector ha ensayado un tibio pero significativo ejercicio autocrítico.

El presidente Sebastián Piñera encabezó ayer una ceremonia ecuménica en la que dejó definiciones que para parte de su coalición resultan irritantes. El 11 de septiembre de 1973, al abrir las puertas de una desgracia social mayor, con 3.200 muertos, ha dejado, según el mandatario, lecciones contundentes: «Primero, que nunca debemos atentar contra nuestra democracia y nuestra sana convivencia. El quiebre de nuestra democracia sin duda fue responsabilidad de muchos, pero muy especialmente de aquellos que incorporaron la violencia, no respetaron el Estado de derecho y quisieron imponer sus puntos de vista sobre los demás».

De acuerdo con Piñera, «lo que ocurrió después, y particularmente las graves, reiteradas e inaceptables violaciones a los derechos humanos, son responsabilidad de quienes las cometieron y de quienes ordenaron atropellar los derechos humanos, pero también de los que pudiendo haber hecho más, que tenían cargos de responsabilidad, influencia o investidura, simplemente no lo hicieron», agregó.

Para poder reconciliar a los chilenos, dijo, «hay que seguir avanzando por los caminos de la verdad y la justicia, porque sin verdad y justicia toda reconciliación se construye no sobre roca sino que sobre arena». «No creo en las reconciliaciones forzadas», le respondió, en cierto sentido, la senadora socialista Isabel Allende. Bajo su criterio existe aún un «escollo» para llegar a perdonar las ofensas y daños: conocer la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura y obtener justicia. «El desprecio por los seres humanos y la capacidad patológica de perseguir, asesinar, torturar y degollar es algo que nunca habíamos conocido ni vivido. Es muy difícil llegar a entender cómo se puede llegar a ese nivel de degeneración humana», dijo.

MÁS INFORMACIÓN / La hija del extinto mandatario declaró estar impresionada por el lugar que ocupa la figura de su padre en la sociedad. «Ha sido importante que exista esta exigencia de más información». La legisladora subrayó que el ejercicio de la memoria no está reñido con la mirada crítica. «Nunca hemos tenido dudas de reconocer que se cometieron errores. Creo que hubo una valoración equivocada en la correlación de fuerzas políticas para impulsar las transformaciones», dijo.

En este contexto, las agrupaciones de Familiares de Detenidos

Desaparecidos y Ejecutados Políticos confían en que el juez Mario Carroza pueda avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades que han tenido los civiles que instigaron a los militares a asaltar el Estado. La investigación, sin precedentes en Chile, se inició meses atrás y se espera que, a fin de año, el juez pueda mostrar parte de sus avances. Carroza se propone interrogar a Pablo Rodríguez Grez, uno de los líderes del grupo de ultraderecha Patria y Libertad, así como a Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, un diario que fue crucial en la conspiración y que recibió dinero de la CIA.