ESPALDARAZO LEGAL A LAS EJECUCIONES
El Supremo de EEUU respalda la inyección letal
La sentencia judicial sostiene que no es un castigo cruel y que es constitucional
El día elegido por el Tribunal Supremo para confirmar la vigencia y constitucionalidad de las ejecuciones por inyección letal en EEUU no podía haber estado más cargado de paradoja. Minutos después de que el presidente George Bush recibiera al Papa Benedicto XVI en la Casa Blanca y le asegurara, refiriéndose a su compartida oposición al aborto, que los estadounidenses "necesitan su mensaje de que toda la vida es sagrada", el Alto Tribunal dictó una sentencia en la que mantiene que este método no constituye un castigo cruel.
La decisión abre la puerta a que vuelvan a aplicarse las ejecuciones por inyección letal, paralizadas en una moratoria oficiosa desde septiembre, cuando el Supremo aceptó el caso planteado por dos reos del corredor de la muerte de Kentucky.
Esos dos presos no pretendían la condonación de su pena, sino que intentaban forzar la búsqueda de un método de ejecución menos inhumano que el actual, en el que se combinan un anestésico, un paralizador que afecta a todos los músculos menos el corazón y otro que detiene el corazón y causa la muerte. Sus abogados se apoyaron en casos de ejecuciones en Ohio y Florida, donde los ejecutados agonizaron hasta 30 minutos, y en estudios que confirman que el sedante impide mostrar dolor pero no lo suprime.
RUPTURA DEL EQUILIBRIO
Esos y otros argumentos fueron rechazados por el Supremo, cuya sentencia recoge una intensa división de opinión entre los jueces pero, también, una unión inesperada y contundente de la mayoría a la hora de mantener que la inyección letal no viola la octava enmienda de la Constitución, la que prohíbe el castigo cruel. Haciendo pedazos el habitual equilibrio entre los magistrados conservadores y los centristas, ayer solo dos de los nueve jueces se opusieron a la decisión, aunque solo tres de los que la apoyaron firmaron la opinión escrita por el juez John Roberts, presidente del Supremo.
Roberts deja la puerta abierta a cambios futuros en la aplicación de la inyección letal asegurando que si se descubren métodos que reducen el riesgo de dolor severo, los estados deberán aplicarlos y solo si no lo hacen se les podrá acusar de causar daño cruel.
John Paul Stevens, uno de los jueces centristas, se ha manifestado públicamente contra la pena de muerte --"castigo obviamente excesivo", "sin sentido" e "innecesario" que "debería declararse inconstitucional"--. Sin embargo, estimó que ese no era el tema que juzgaban y dio uno de los siete votos que hacen que continúe la inyección.
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