Un vecino de L'Hospitalet pide daños y perjuicios por un desahucio en el piso que alquilaba legalmente

Este viernes ha llegado a juicio el caso de un vecino de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que el 29 de mayo de 2017 se vio en la calle de un día para otro sin poder recuperar sus pertenencias a pesar de tener un contrato de alquiler en vigor y pagar la renta puntualmente.

Según su abogado, Marcos García, Banco Sabadell inició un proceso de ejecución hipotecaria por impago de la propietaria del piso sin notificarlo al inquilino a pesar de que la Ley lo exige. Para agilizar el trámite, añade, el banco aportó un acta indicando que la vivienda no estaba alquilada. Cuando, al detectar estas irregularidades, el juzgado anuló el procedimiento y obligó al banco a devolver la vivienda, este dijo que no era posible porque la habían ocupado.

A las puertas del juzgado de primera instancia número 1 de L'Hospitalet, el inquilino explica que, cuando el día de los hechos llegó a su casa alrededor del mediodía, se encontró la cerradura cambiada sin que nadie le diera ninguna explicación.

De hecho, insiste, no pudo sacar los muebles, que había pagado él, ni recuperar sus pertenencias. Poco antes, la comisión judicial, que en el auto de lanzamiento hizo constar que en el piso había indicios de estar ocupado, se había presentado a la vivienda y había entregado las llaves al banco.

"Se pusieron muy violentos"

Tras denunciar los hechos a los Mossos d'Esquadra el mismo viernes 29, hizo guardia durante el fin de semana ante la vivienda para “proteger” sus pertenencias a la espera de que el juzgado le permitiera entrar en la vivienda por, al menos, recuperarlas. Fue entonces cuando vio salir a varias personas del piso echando a la basura ropa y otras cosas suyas.

“Habían ocupado el piso en pocas horas y estaban echando a la basura mi ropa. Cuando les dije que yo era el inquilino del piso y que aquellas eran mis cosas se pusieron muy violentos y me dijeron que se marchara”, relata.

Aunque ha demandado a Banco Sabadell por daños y perjuicios y reclama una indemnización, asegura que nada compensará el daño que le han hecho porque, casi cinco años después, todavía "arrastra" tanto el "trauma" psicológico como el económico. “Lo perdí de un día a otro haciendo las cosas bien. Había pagado una finanza de 1.800 euros, tenía contrato en vigor y pagaba las mensualidades puntualmente, y aún así me quedé en la calle”, recuerda.

1.500 euros por las llaves

El hombre lamenta que desde estos hechos su vida no ha sido como él le había planificado. A modo de ejemplo, recuerda que lo tenía todo listo para llevar a sus hijos de Bolivia a vivir con él, pero que al quedarse sin dinero y sin casa tuvo que posponerlo y ahora ya no es posible hacer la reunificación familiar porque son mayores de edad.

Su abogado, del despacho Atelier Jurídic, explica que una vez que la Guardia Urbana se presentó en el piso dos años después, su ocupante les explicó que hacía dos años había pagado 1.500 euros a un desconocido por las llaves. Aquí, el letrado recuerda que es “desgraciadamente” habitual este “juego de llaves” con viviendas recientemente desahuciadas.

"No sé porqué se actuó así. Si por dejadez o abuso del banco. Lo que está claro es que, sean cuales sean las causas, el único perjudicado soy yo, que estoy en una situación económica muy limitada y un daño moral que no tiene precio", apunta el demandante, que reclama justicia.

Aunque el juicio debía quedar este mismo viernes visto por sentencia, una nueva incomparecencia del ocupante del piso que la Guardia Urbana identificó en el 2020 y que la defensa propuso como testigo, obligará a celebrar una nueva sesión el 14 de julio.

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