INVESTIGACIÓN
Un concejal de PSC de L'Hospitalet hizo la denuncia que acabó en la detención de dos compañeros
El juez investiga si el Consell Esportiu destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas
Fachada del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. / AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET
Por qué confiar en El Periódico El teniente de alcalde de Educación, Deportes y Juventud de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Jaume Graells (PSC), presentó la denuncia sobre presuntas irregularidades en el Consell Esportiu que el miércoles desembocó en la detención de los también concejales del PSC Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza.
Según ha avanzado Nació Digital y han confirmado a Efe fuentes municipales, a principios de febrero, Graells informó a la alcaldesa, Núria Marín, sobre la denuncia que presentó junto a una trabajadora del Consell, por la gestión de este ente que, a pesar de ser privado, está presidido por el concejal de Deportes y seis de los doce miembros de su comisión directiva están nombrados por el consistorio.
Entre estos miembros de designación municipal figuran Plaza, que es concejal de Deportes, actual presidente del Consell y exdirector del ente; Alcázar, segundo teniente de alcaldía y antiguo presidente del Consell, y el mismo Graells.
Comisión de seguimiento
Las mismas fuentes apuntan que tras ser informada sobre la denuncia, Marín pidió "de forma inmediata" a la junta directiva del Consell que realizara una auditoría, cuyos resultados aún no han llegado debido a la demora provocada por la emergencia sanitaria. Asimismo, han señalado que la junta directiva ha creado una comisión de seguimiento de la auditoría en la que está presente Graells.
Además de las detenciones de Alcázar y Plaza, en la operación llevada a cabo por la Policía Nacional y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de L'Hospitalet también se detuvo al actual director del Consell Esportiu de la ciudad, Eduard Galí.
El juez investiga si la entidad destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz, en una causa abierta por los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental.
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