La ley que permite todo tipo de maniobras partidistas sobre el empleo público

Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y de promoción profesional en las administraciones públicas son los siguientes: concurso, concurso específico, libre designación, adscripción provisional y comisión de servicio. En todos ellos resulta determinante la "potestad autorganizativa de la Administración" o, dicho de otra forma, la discrecionalidad, cuasi caciquil, del político designado por turno electoral.

El Reglamento General de Ingreso, Provisión y Promoción profesional de los funcionarios (R.D. 364/1995) es la norma laboral, sin reforma adaptativa, más antigua de la democracia. Se trata de un producto legal muy refinado, el cual ha sobrevivido intocable durante nueve legislaturas, y se ha mostrado útil para los gestores de los tres niveles administrativos (local, autonómico y estatal), porque permite todo tipo de maniobras partidistas sobre el empleo público. 

La Ley 7/07 reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, tardía pese a ser un mandato constitucional explícito y torpe donde las haya, exige a los burócratas que abran paso a los emprendedores en lo público que, en el último Estatuto BEP (RDL 5/15), siguen siendo: "el personal eventual de confianza, los directivos profesionales contratados y los puestos de libre designación". A disponer. Nada cambiará.