El déficit democrático de seguir homenajeando a Franco en el Valle de los Caídos

La justificación del PP y de Ciudadanos para no apoyar el Real Decreto-Ley que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar para exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador es la falta de "extraordinaria urgencia y necesidad" que la Constitución exige a tales normas. Una justificación hipócrita que esconde los verdaderos motivos ideológicos e intereses electorales de la negativa.

El Tribunal Constitucional, que por supuesto puede controlar un "supuesto uso abusivo" de esta fórmula jurídica, ya reconoció en su día que quien determina la extraordinaria urgencia y necesidad es el juicio puramente político del Gobierno. Y efectivamente el Gobierno, en uso de sus legítimas atribuciones, así lo ha determinado.

Que un Estado democrático siga manteniendo símbolos de la dictadura y dedicando un lugar de homenaje al dictador allí enterrado -junto al fundador del partido fascista, La Falange- tras 40 años desde la aprobación de la Constitución, sin duda es una anomalía y un déficit democrático que es necesario reparar, lo quiera reconocer la derecha o no. Tal necesidad es extraordinaria: ni hay otro caso igual en el Estado, ni hay más Valle de los Caídos que el de Cualgamuros, de facto mausoleo del dictador.

"¿Y la extraordinaria urgencia? ¿No hay problemas más urgentes?". Siempre los hay sin duda, pero ninguno más antiguo que este porque desde hace cuarenta años es urgente exhumar los restos del dictador; porque desde hace 40 años, siempre se han encontrado problemas más urgentes que la salud democrática para no abordar el problema. Posponerlo de nuevo bien podría prolongar el problema otros 40 años, para regocijo de quienes aún se sienten vencedores de la Guerra Civil.

El 1 de abril de 1940, un decreto disponía que se alzasen "basílica, monasterio y cuartel de juventudes" en Cualgamuros, "para perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada". El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón, recién nombrado rey, firmó el documento por el que ordenaba al abad de la Basílica del Valle de los Caídos que los restos de Franco, el dictador recién muerto, fueran enterrado allí. Y allí siguen, 43 años después.

Apruébese el Real Decret-Ley, convalídelo el Congreso de los Diputados, saquen de una vez al dictador y conviértase el Valle de los Caídos en un lugar aconfesional para el respeto y la memoria de cuantos murieron en aquella nefasta guerra.