Educación

La ILP por el 6% del PIB para escuelas e institutos recibe el apoyo del Consejo de Educación de Catalunya

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Material escolar.

Material escolar. / Archivo

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El Pleno del Consejo de Educación de Catalunya celebrado este martes ha aprobado por amplia mayoría -y sin ningún voto en contra- la declaración en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la proposición de Ley de Garantías de Financiación del Sistema Educativo Catalán por un mínimo del 6% del PIB para la educación; la inversión que según la propia Ley de Educación de Catalunya (LEC) debía recibir la Educación y que está todavía muy lejos de ser una realidad. El presupuesto de la Generalitat es de 38.000 millones y el PIB de Catalunya es de 219.000 millones, con lo que el 6% del PIB en educación supondría unos 13.140 millones, es decir, el doble del presupuesto actual de 6.826 millones.

El Consejo de Educación de Catalunya (CEC)- organismo que ha apoyado la ILP- es, tal y como recoge la ley, el órgano superior de consulta y participación de los sectores sociales afectados por la programación general de la enseñanza no universitaria de Catalunya. Los miembros que lo componen representan a tres grandes colectivos: el sector de la Administración educativa, local, de igualdad, de niñez, adolescencia y juventud y de formación y calificación profesionales; la comunidad educativa de centro o comunidad escolar, y los demás sectores de la comunidad educativa, conformados por agentes sociales y profesionales relacionados con el ámbito educativo.

Más de 65.000 firmas

La ILP ha sido impulsada por más de 50 entidades educativas y sociales y ha reunido a más de 65.000 firmas. Se trata de una iniciativa con amplio consenso dentro y fuera de la comunidad educativa y que también ha recogido, hasta el momento, el apoyo de decenas de ayuntamientos que suman cerca de cuatro millones de habitantes. En pocas semanas el Instituto de Estadística de Catalunya validará oficialmente las firmas entregadas y será la Mesa del Parlament quien tendrá que iniciar el camino parlamentario para su aprobación definitiva.