Vapuleados por la crisis

La crisis y la caída demográfica han sido un cóctel fatal para las escuelas. Las concertadas, donde estudian un tercio de los alumnos catalanes de entre 3 y 16 años, han tenido que hacer auténticos equilibrios en los últimos tiempos para conseguir mantener el número de estudiantes matriculados y para, en consecuencia, seguir cobrando la subvención que les concede la Generalitat. Las públicas, que atienden al 70% restante del alumnado en edad de cursar estudios obligatorios, han sido víctimas de recorte tras recorte. 

Los dos primeros tijeretazos -la supresión de la sexta hora lectiva y el fin del programa 1x1 por el que inicialmente cada alumno iba a tener su propio ordenador portátil para estudiar- los aplicó ya la Generalitat en el 2011, cuando ni siquiera el Ministerio de Educación había publicado todavía su controvertido decreto para reducir, sí o sí, el gasto educativo.

Por eso, porque las escuelas no están para demasiadas alegrías, la nueva preinscripción escolar (para la que aún no hay fecha oficial, aunque muchos centros inician ya la semana próxima las jornadas de puertas abiertas), vuelve a convertirse en una competición. Las reglas del juego, los criterios que la Generalitat tiene fijados para el acceso a una plaza escolar, no obstante, siguen sin convencer a unos y a otros.

«El proceso de preinscripción debería realizarse con garantías de igualdad de condiciones entre la pública y la privada, para que nadie saque ventaja de las debilidades del otro», subraya Laia Sabater, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Badalona, después de que la federación de ampas de los centros públicos (Fampas) haya detectado irregularidades en centros concertados de esa ciudad. 

También en Barcelona se han propuesto algo parecido. «Se trata de promover un modelo globalizado del sistema educativo, por eso en la lista de colegios que recibirán las familias barcelonesas para la preinscrición solo se hablará de centros financiados con fondos públicos, sin especificar si son de titularidad pública o privada», adelanta Miquel Àngel Essomba, comisionado de Educación en la capital catalana.

MEDIDAS CONTRA LA SEGREGACIÓN

De este modo, el consistorio trata de paliar la segregación que se produce en la ciudad entre alumnos de familias con recursos y los de familias empobrecidas (muchas veces, además, inmigrantes).

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La escuela concertada también tiene motivos de queja, dice. «A diferencia de la pública, los colegios de titularidad privada no sabemos si podremos ampliar un grupo hasta que se ha completado la matrícula y la Conselleria d'Ensenyament autoriza la creación de una línea adicional, lo que en la pública se llama un 'bolet'», señala Joan Masó, director general de las escuelas Arrels de Badalona. Además, agrega Elisenda Serra, responsable de Comunicación de las escuelas Garbí, «el sistema actual no tiene en cuenta que hay colegios que reciben alumnos de poblaciones distintas al municipio donde se encuentra el centro».

En el otro extremo, las ampas de la escuela pública recuerdan que los conciertos educativos se suscriben por seis años (antes de la implantación de la LOMCE la duración de estos convenios era de cuatro cursos) y eso «deja a los colegios privados al margen de las oscilaciones demográficas, que sí afectan a los públicos, muy castigados en los últimos años con cierres de clases en los cursos de infantil», afirman las familias.