El Gobierno obvia las objeciones del Consultivo al decreto de vivienda

El informe del Consejo Consultivo da luz verde al decreto ley con el que el Gobierno de Canarias pretender atajar la falta de vivienda en las Islas. En un informe –preceptivo y no vinculante– de 71 folios el órgano asesor incide, no obstante, en problemas tales como la colisión con las competencias de los ayuntamientos. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, descartó introducir cambios en el texto, que se convalidará la semana próxima en el Parlamento.

Obrar de manera diferente significaría iniciar el proceso nuevamente y volver a llevar la norma al Consejo de Gobierno. «Más allá de seguir debatiendo qué medidas había que poner encima de la mesa, ante una situación de emergencia lo que hemos hecho es ponerlas», explicó Rodríguez.

Lo hizo tras dar a conocer los detalles de la norma a la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), cuyo presidente, Pedro Ortega, se mostró convencido del efecto dinamizador que tendrá el decreto en el sector inmobiliario. «Confiemos que los problemas sean los menos posibles y que la judicialización no llegue de forma alarmante», señaló el representante de los empresarios de Las Palmas.

"Se trata de dejar de discutir qué medidas son necesarias y ponerlas encima de la mesa"

Pablo Rodríguez

— Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

El Consultivo reconoce la capacidad del Ejecutivo para operar de la manera en que lo ha hecho y la pertinencia del decreto. En atención a la necesidad de vivienda de miles de canarios –25.000 a la espera de una de protección oficial, por ejemplo–, el Consultivo entiende la creación de este marco especial. Sin embargo, echa en falta una definición clara de la «emergencia habitacional». 

Sobre todo porque este decreto «desplaza la aplicación de determinados preceptos» contenidos en normas de igual rango (decretos leyes), lo que «crea una especie de doble regulación jurídica paralela». Aun reconociendo la necesidad de tomar la iniciativa, el órgano dependiente del Parlamento de Canarias alude a la imposibilidad de mantener esa prevalencia por tiempo indenido. En otras palabras, los efectos del decreto deben cesar cuando se solucione la emergencia habitacional, pero plasmar en un texto legislativo ese momento «es muy complicado», según el consejero.

Si sus señorías votan el texto tal y como está, ¿habrá un momento en que las aguas normativas vuelvan a su cauce? ¿Y quién las reconducirá? «Será el Gobierno el que determine si lo vamos resolviendo», detalló Rodríguez Valido. Y lo hará cuando bajen los precios de los alquileres y compraventas de inmuebles. Es esa subjetividad la que lleva al Consultivo a estimar que se podría estar comprometiendo «la seguridad jurídica».

Habrá problemas

En cualquier caso, el presidente de la CCE da por seguro que surgirán problemas cuando se comience a aplicar el decreto ley. «Lo importante es habilitar, como hemos hecho, un canal de comunicación a través del que hacer llegar los obstáculos que nos vayamos encontrando», señaló. Y siempre partiendo de una «voluntad de las partes» desde el convencimiento de que están «recorriendo el camino adecuado», añadió Pedro Ortega, para solucionar uno de los problemas más graves al que se enfrentan actualmente los canarios.

La emergencia habitacional «no es nueva», aclaró el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. El único cambio que sí ha habido es la decisión de poner coto a la escalada de precios desde el ámbito autonómico. Hace dos semanas, el Gobierno de España publico un índice para determinar el precio máximo que puede cobrarse por un arrendamiento residencial en cada inmueble de España. Canarias no lo usará.

"Confiemos que los problemas sean los menos y la judicialización no llegue de forma alarmante"

Pedro Ortega

— Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

Para empezar porque son los ayuntamientos los que deben iniciar el expediente para delimitar y declarar zonas tensionadas, aquellas en las que los precios elevados hacen imposible el acceso de los ciudadanos a una casa y que estarían afectadas por los topes. Ninguno de los 88 municipios canarios ha actuado en ese ámbito. 

No solo por eso los límites no se aplicarán en la comunidad autónoma. En el Ejecutivo están plenamente convencidos de que medidas de esa naturaleza conducen a un elevado número de propietarios a retirar sus inmuebles del mercado y esta mayor contracción de la oferta desemboca en precios aún más elevados.

Sin consultas

Rodríguez Valido también se pronunció sobre la ausencia de consultas a administraciones que, como es el caso de los ayuntamiento y los cabildos, también tienen competencias en el ámbito territorial y urbanístico. «No hay un procedimiento previo para aprobar un decreto ley en Consejo de Gobierno. Se aprueba, y a partir de ahí está el procedimiento reglado. Eso sucede con este decreto y con todos los que se han aprobado a partir de 2018», aclaró.

En todo caso, el pasado viernes el Parlamento convocó a la Comisión de Cabildos. En esa cita, la consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de la institución insular majorera, Nereida Calero, invitó a «pensar con la cabeza antes de hacer disparates». 

Sus palabras tenían como origen la exención de la evaluación de impacto ambiental que consagra el decreto. La mayor relevancia de esa opinión estriba en que Calero comparte siglas, las de Coalición Canaria (CC), con el consejero Pablo Rodríguez. El viernes próximo este se reunirá con el Consejo Municipal.

Suscríbete para seguir leyendo