El Parlament aprueba anticipar dinero a jóvenes agricultores hasta que esté lista la renta básica

Una de cal y otra de arena. El grupo de ERC en el Parlament ha conseguido sacar adelante este jueves, en la votación de las propuestas de resolución del pleno monográfico sobre el campo catalán, una de sus medidas estrella, la creación de una renta básica agraria para impulsar la incorporación de jóvenes payeses. Pero no ha logrado los apoyos suficientes para aprobar otra de sus apuestas, la puesta en marcha de una empresa distribuidora pública de alimentos, que hubiera ayudado a regular los precios que perciben los agricultores y ganaderos catalanes por sus productos.

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"Es imposible sintetizar todo lo que necesita este sector en 25 medidas, pero hemos tratado de priorizar", se ha defendido Montserrat Fornells, la diputada que ha intervenido en el pleno en nombre de los republicanos y que se ha definido como hija, nieta, biznieta y tataranieta de payeses. "La distribuidora pública, que también apoyan los payeses, hubiera sido una herramienta útil para equilibrar los precios en origen", ha lamentado. Solo ERC, la CUP y los Comuns le han dado su voto favorable. El resto de fuerzas parlamentarias han votado todas en contra.

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Al final, uno de los logros de esta sesión dedicada al mundo rural y la agricultura ha sido la propuesta, transaccionada entre el PSC y Junts, y apoyada por ERC, los Comuns y la CUP, se habilitará un sistema de anticipos económicos para la incorporación de jóvenes. La idea es dotarles de liquidez para hacer frente a las fuertes inversiones que requiere el sector. "Es una buena fórmula temporal, pero que se queda corta... Nuestro propósito es crear una renta básica como medida más estructural", ha señala Fornells tras el pleno.

La cotización de los payeses

La misma propuesta prevé solicitar al Estado un incremento de la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos del campo, de manera que se revisen y ajusten sus cotizaciones a la Seguridad Social. Al ser una propuesta pactada con los socialistas, cabe imaginar que, de un modo u otro, se hará llegar al ministro de Agricultura, Luis Planas.

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También han prosperado, en este caso, con distintas mayorías, las propuestas encaminadas a que se revise la actual ley de la cadena alimentaria, una normativa estatal que debería garantizar que los payeses cobran por sus productos precios superiores a los costes de producción, es decir que no hay ventas con pérdidas, pero que no acaba de funcionar, según han coincidido prácticamente todas las fuerzas parlamentarias.

Cambio de nombre en la conselleria

Ha prosperado asimismo la petición de cambiar el nombre de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural para que haga mención a la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, una propuesta que habían presentado tanto el PP como Junts. Y ha habido consenso, finalmente, a la hora de activar medidas para reducir la carga administrativa que soportan los agricultores, con distintas versiones de la ventanilla única. Pero Junts se ha quedado sola a la hora de votar una propuesta sobre la desburocratización, en la que sugería que los silencios de la Administración se convirtieran en positivos en lugar de ser negativos como hasta ahora.