Cuentas públicas
Fitch eleva la nota de solvencia de la Generalitat por el apoyo financiero del Estado
La agencia de calificación valora que que los mecanismos de ayuda a las autonomías creados hace 10 años sean estructurales
DBRS mejora la perspectiva de la deuda de la Generalitat por la condonación
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Fitch Ratings ha decidido mejorar la nota de crédito de la deuda a largo plazo de la Generalitat al elevarla de ‘BBB-‘ a ‘BBB’. Esta decisión, la primera revisión al alza del nivel de solvencia de la administración catalana en más de dos años, se apoya en que los mecanismos de apoyo del Estado para las autonomías, como el fondo de liquidez autonómica (FLA), se han convertido en estructurales, tras una década de funcionamiento.
La medida tomada por Fitch, que entrará en vigor el próximo 15 de marzo, refuerza la que anunció en diciembre pasado DBRS Morningstar que, no elevó la nota pero mejoró su perspectiva de "estable" a "positiva", lo que suele ser un paso previo a mejorar la calificación. Con esta nueva evaluación, la deuda de la Generalitat sube un nuevo peldaño dentro del denominado “grado de especulación”, que todavía vía supone cierto nivel de riesgo de impago, y se aleja un poco más de la categoría de los bonos basura, los que tienen peor nota y menor valoración.
La agencia considera que “la liquidez consistente y fuerte” proporcionada por el gobierno central a las autonomías desde hace 10 años “continuará” a lo largo del periodo que cubre la calificación crediticia. La nueva nota para la deuda a largo plazo de Catalunya es la misma que Fitch otorga a países como Bulgaria, Chipre, Hungría, Indonesia, Kazajistán o Perú.
Condonación de pasivo
En diciembre, se produjo la decisión de DBRS tras el acuerdo de ERC con los socialistas para condonar 15.000 millones de euros, el 20% de la deuda de la Generalitat con el FLA. Esta agencia, aunque mantuvo la nota, interpretó que este pacto, cuando se ejecute, supondrá un "alivio" en la carga que soporta la administración catalana y "unas mejores perspectivas fiscales". El Govern estima que cuando se aplique el acuerdo la deuda sobre el producto interior bruto (PIB) pasará del 29,5% al 23,6%.
DBRS fue la segunda en quitar la etiqueta de bono basura a la deuda de la Generalitat y mantiene la nota de la deuda en 'BBB' "baja", con tendencia estable desde el 11 de marzo de 2022. Fitch Ratings fue la primera en hacerlo el 16 de julio de 2021. Por su parte, Moody's Investors Service la tiene calificada como 'Ba1', con perspectiva estable desde el 22 de julio de 2022, lo que supone mantenerla en el grado especulativo.
El Govern quería regresar al mercado paulatinamente a partir del ejercicio actual, tras descartar hacerlo el año pasado, cuando lo había previsto inicialmente. La idea era empezar con el 5% de la deuda total, lo que en principio supondría seguir con el 10%, el 15% y el 20% entre 2025 y 2027. La calificación sobre la solvencia es un elemento importante para lograr atraer a inversores. La subida de los tipos de interés desde julio de 2022, que los ha situado en el 4,50%, dificulta estos objetivos. También ha disparado los costes financieros de la Generalitat de los 782 millones de 2023 a los 1.372 millones previstos en el proyecto de presupuestos para 2024.
Desde 2012, la Generalitat tiene al Estado como financiador a través de los mecanismos que se crearon para paliar el cierre de los mercados a las comunidades autónomas. Uno de ellos es el fondo de liquidez autonómica (FLA), con el que se amortiza la deuda pendiente de las comunidades que incumplen el objetivo de déficit de cada ejercicio. Según las previsiones del Ejecutivo catalán, seguirán teniendo al Estado como acreedor hasta 2034.
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