Los subsidios a los combustibles fósiles dificultan el avance de la agenda climática

Las protestas de los agricultores franceses, que amenazaban con bloquear los accesos a París, obligó al gobierno francés hace poco más de una semana a abandonar sus planes de reducción de exenciones fiscales al diésel para uso agrícola. Francia es el país europeo que destina más subsidios a los combustibles fósiles, como las gasolinas o el gasóleo. España es el cuarto, tras Francia, Italia y Alemania, donde también han estallado las protestas del campo.

El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución que pide que se ponga fin a todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles a escala nacional, de la UE y mundial, “lo antes posible y a más tardar en 2025”. Se trata de una acción necesaria para poder recortar en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en la lucha para limitar el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, e intentar de esta forma acotar lo máximo posible las graves consecuencias del cambio climático.

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Aumento del 120%

Los subsidios en el conjunto de países de la UE se mantuvieron estables entre 2015 y 2021 con cerca de 56.000 millones de euros, pero aumentaron un 120%, hasta los 123.000 millones en 2022, debido a la crisis de los precios de la energía, que se intensificó con la invasión rusa de Ucrania. Los Estados miembros de la UE implementaron entonces más de 230 medidas de subsidios temporales para proteger a los hogares y los distintos sectores económicos, según un informe de la Comisión Europea.

Por sectores, los subsidios se dirigen principalmente a la industria, las energéticas y al transporte, y en menor medida a los hogares, a la agricultura y a sectores transversales. En 2022 se dispararon los dirigidos al transporte, los hogares y a la industria energética. El estudio considera como subsidios las ayudas directas, rebajas tributarias, mecanismos de apoyo en ingresos o precios, y al apoyo a la I+D en la industria de los combustibles fósiles.

 

Las estimaciones indican que en 2023 se mantuvieron en 110.000 millones, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Solo el 47% de los subsidios aprobados en 2022 tenían planeado acabar antes de 2025, mientras que un 52% ni tan siquiera cuentan con fecha de finalización. Por contra, los subsidios a las energías renovables cayeron en 2021 por primera vez desde 2015 a los 86.000 millones, y se mantuvieron igual en 2022. 

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Lo antes posible

La Comisión Europea indica que con las medidas actuales solo se reducirán las emisiones un 51%, y reclama la “eliminación lo antes posible” de la persistencia de los subsidios para dirigirse, en cambio, a la innovación y al apoyo a los grupos vulnerables durante la transición.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ministros de Francia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Bélgica, Austria, Irlanda y Luxemburgo se unieron en la Cumbre del Clima de Dubái (COP28) a una declaración en la que se comprometieron a poner fin a los subsidios antes de 2025. No obstante, la Comisión Europea ha solicitado a España que indique cómo y cuándo dejará de dar subsidios a los combustibles fósiles en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), su hoja de ruta para 2030.

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Mayor ambición

Los países tienen como límite el 30 de junio para presentar sus planes de acción climática definitivos teniendo en cuenta la evaluación de la Comisión, que reclama mayor ambición en consonancia con las metas establecidas. Por ahora, solo Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Suecia han trasladado la intención de eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles en forma de leyes o planes que especifican cómo lo harán. 

Desde la secretaría de Estado de Energía se indica que se trata de una acción que implica a diversos ministerios, y que se trabaja en una reforma fiscal que involucra al de Hacienda.

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Agitación ante el malestar

El Ministro de Agricultura, Luis Planas, lamentó el lunes que grupos de extrema derecha están utilizando el malestar de los agricultores y ganaderos españoles para agitar y lanzar ideas extremistas, entre las cuales se encuentra la derogación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Unos movimientos que ya se vieron reflejados en la dificultad para aprobar a finales del año pasado la ley europea de Restauración de la Naturaleza. 

La proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo de junio, cuyo resultado puede resultar fundamental para poder continuar en la lucha contra el cambio climático, aumentan la presión en el avance de la agenda climática.

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