Los trabajadores migrantes aportan 10 veces más a la Seguridad Social de lo que gastan

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que simplificará los trámites para facilitar la llegada de migrantes que busquen establecerse y trabajar en España. Entre otros, pretende aumentar el número de trámites de extranjería que puedan hacerse de manera telemática, sin necesidad de personarse en una oficina, con altas colas en muchas oficinas.

Así lo ha manifestado en su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, en la que ha desgranado las prioridades de su departamento para la presente legislatura. Entre las mismas ha destacado la ampliación de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega actualmente a 735.000 familias; reducir la brecha de género en materia de pensiones o reformar las condiciones de acceso a la jubilación parcial o activa, entre otros.

El mercado laboral está sustentando gran parte de su crecimiento y bonanza reciente en las personas migrantes, hasta el punto de que cuatro de cada 10 empleados creados durante 2023 los ocuparon personas nacidas fuera de España. En Catalunya su peso fue más protagónico y dicha proporción fue de seis de cada 10.

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Un balance que será habitual durante los años venideros, a tenor de los cálculos que maneja la Comisión Europea. Y es que la economía española va a necesitar de un flujo constante de personas nacidas en otros países para sostener sus empresas y servicios públicos. Según ha cifrado la ministra Saiz, hasta 2050 España precisará cada año de un saldo neto de entre 200.000 y 250.000 migrantes cada año.

Y es que su aportación actual al erario público es "fundamental", según se ha referido la ministra. Aportan el 10% de los ingresos que cada año recauda la Seguridad Social y solo le suponen un 1% de su gasto, según datos ofrecidos por Saiz.

Ya durante la pasada legislatura el Gobierno reformó el reglamento de extranjería para incorporar a miles de personas nacidas en el extranjero pero que ya residían en España. Es decir, la filosofía era activar a quiénes viven actualmente en la economía sumergida. Una de las fórmulas era permitir que la realización de determinados cursos de formación habilitaran un permiso de residencia y trabajo durante la misma. Este miércoles Saiz ha hecho un primer balance: actualmente 32.000 personas se encuentran actualmente acogidas a una arraigo por formación y 3.000 ya la han finalizado y están trabajando legalmente.

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En este sentido la ministra ha anunciado también que blindará por ley una simplificación para conceder permisos de residencia a las personas que vengan de fuera para estudiar un grado universitario. La idea es conceder dichos permisos para la duración del grado entero y evitar así que los estudiantes tengan que renovarlos año a año.

Hucha de las pensiones

Que el mercado laboral siga creciendo y los cotizantes aporten cada vez más a la caja de la Seguridad Social es un pilar fundamental en la arquitectura diseñada con la última reforma de las pensiones. El plan del Gobierno pasa por llevar cada año aproximadamente unos 5.000 millones de euros a la hucha de las pensiones para tener un colchón con el que gestionar las tensiones esperables ante el progresivo retiro de los 'baby boomers'.

Actualmente el fondo de reserva contiene 5.500 millones de euros -en 2011, antes de empezar a vaciarse, almacenaba 66.815 millones- y el objetivo manifestado por Saiz es llegar a los 9.000 millones para finales de año y a los 25.000 millones al final de la legislatura. Otro objetivo es llegar a un escenario de déficit 0 de la Seguridad Social, que actualmente es del 0,5% del PIB. En este punto la ministra no se ha marcado plazos concretos.

Más personas trabajando y durante más años. Ese es el esquema que pretende reforzar el Gobierno, que negocia con los agentes sociales ampliar los incentivos y supuestos en los que un trabajador puede seguir su carrera profesional una vez jubilado y compatibilizar salario y parte de la pensión.

Otro elemento que está pendiente de discutirse en el seno del diálogo social son los coeficientes de penosidad. El Gobierno y los agentes sociales quieren consensuar una serie de indicadores que permitan a ciertos trabajadores retirarse antes de la edad legal de jubilación -hoy fijada en 66,6 meses- sin que ello implique un recorte en su futura pensión. Es decir, que determinadas profesiones desgastantes -como un paleta o una cuidadora- puedan retirarse antes. Y Saiz pretende hacerlo corrigiendo "el actual sesgo de género".