El Gobierno estudia cómo incentivar que más jubilados sigan trabajando y cobren pensión y salario

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones negocia con patronal y sindicatos ampliar los incentivos para que un jubilado pueda decidir voluntariamente seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación y compatibilizar mientras tanto su pensión con un salario (o parte del mismo). Una reforma que persigue rebajar los costes para las arcas públicas (a través de más cotizaciones de esos jubilados activos) y que beneficiaría en mayor medida a profesionales altamente cualificados y que por las circunstancias propias de su actividad se pueden permitir alargar su carrera laboral. Es decir, estaría más pensada para un médico que para un peón de la construcción.

En paralelo a alargar las carreras de esos profesionales con oficios menos exigentes para el cuerpo, el departamento dirigido por Elma Saiz también contempla reducir la edad legal de retiro en el caso de aquellas profesiones u oficios más peligrosos o penosos. Aquí las condiciones todavía no están claras y existe una cierta inquietud entre los sindicatos de que se facilite el retiro para aquellos oficios peligrosos (donde predominan los hombres), pero no tanto en el caso de los penosos o desgastantes (donde predominan las mujeres).

Este ha sido el grueso de las conversaciones mantenidas entre el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y los representantes de CEOE, CCOO y UGT en una reunión celebrada este lunes y que se ha alargado durante unas cuatro horas. En la misma, los sindicatos han planteado al Gobierno introducir una mayor cotización para las empresas que tienen en plantilla trabajadores fijos discontinuos, dada su incremento desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Fuentes de la patronal definen la cita como una "toma de contacto" y las partes se han emplazado a volver a verse y cruzar papeles a partir de la última semana de enero.

Los cimientos de la última reforma de las pensiones, que busca dar sostenibilidad al sistema público ante el progresivo envejecimiento demográfico, se sustentan en la idea de que las personas trabajadoras tarden más tiempo en jubilarse y abandonar de manera definitiva el mercado laboral. Durante la pasada legislatura se aprobaron medidas que penalizaban el retiro temprano y de manera voluntaria y de cara a la presente el Ejecutivo busca ahondar en esa línea mediante nuevas modificaciones normativas.

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Fuentes presentes en la negociación afirman que Seguridad Social no ha trasladado una propuesta concreta sobre qué incentivos contempla para que más jubilados no se desvinculen definitivamente del mercado laboral. Una de estas es aumentar los supuestos en los que una persona puede seguir trabajando una vez ha alcanzado la edad legal de jubilación y ha empezado a cobrar su prestación pública. Así el profesional sigue cotizando a la Seguridad Social, rebajando el coste total para el erario público.

Actualmente uno de los formatos que permiten compatibilizar sueldo y pensión es la llamada "jubilación activa". Esta permite a un jubilado cobrar entre el 50 y el 100% de su pensión, a la vez que ingresa un sueldo o los rendimientos de una actividad como trabajador autónomo. En el caso de los trabajadores asalariados, pueden percibir la mitad de su pensión. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, pueden llegar hasta el 100% de la prestación pública si tiene contratado a al menos un trabajador.

Penosidad y peligrosidad

En la reunión de este lunes las partes también han abordado "la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas" para incorporar "indicadores objetivos para su determinación", según ha hecho público el Ministerio en un comunicado posterior al encuentro. Es decir, el Gobierno y los agentes sociales quieren consensuar una serie de indicadores que permitan a ciertos trabajadores retirarse antes de la edad legal de jubilación -hoy fijada en 66,6 meses- sin que ello implique un recorte en su futura pensión. 

La Seguridad Social y los agentes sociales también pretenden revisar la implicación de las mutuas colaboradoras en los procesos de bajas por incapacidad temporal, concretamente en casos de trabajadores que se estén recuperando de lesiones traumatológicas. La idea general en la que trabajan es que un empleado, si voluntariamente lo acepta, podrá ser tratado por los servicios médicos de una mutua para así recibir antes atención, recuperarse antes y poder reincorporarse antes al trabajo.