Sumar y Podemos exigen al Gobierno impedir que el gigante BlackRock controle el 20% de Naturgy

Un movimiento corporativo en el sector de las grandes finanzas amenaza con convertirse en otro lío político en España. La mayor gestora de fondos de inversión del mundo, BlackRock, anunció la semana pasada la compra por más de 11.400 millones del fondo de inversión GIP. Una operación que tiene implicaciones directas para España porque GIP es uno de los grandes accionistas de Naturgy -la mayor gasista y tercera mayor eléctrica del país-, con una participación del 20,6%.

El Gobierno reconoce que está analizando ya la operación por sus implicaciones en un sector estratégico como el energético y para determinar si se ve afectada por la protección especial del ‘escudo antiopas’ levantado por el Gobierno durante la pandemia para blindar compañías de sectores clave de compras por inversores extranjeros.

Un escudo que exige con carácter general el visto bueno gubernamental para compras de paquetes superiores al 10%. El Ministerio de Asuntos Económicos, comandado ahora por Carlos Cuerpo tras la salida de Nadia Calviño, debe determinar ahora si la compra indirecta por parte de BlackRock del 20% de Naturgy en manos de GIP requiere activar esta vigilancia especial y que el gigante de los fondos pida permiso al Ejecutivo español.

Con el proceso de análisis del Gobierno recién iniciado, la operación ya se ha convertido en objeto de la contienda política. Sumar y Podemos ya han reclamado públicamente al Ejecutivo que impida que el gigante BlackRock tome el control del 20% de Naturgy. En pleno choque entre ambas formaciones de izquierda -movimientos de transfuguismo parlamentario incluidos-, ahora han coincidido en exigir el veto a la entrada de BlackRock en el capital de energética.

El poder de BlackRock en España

“El Gobierno debe impedir la toma de control del 20% de Naturgy por BlackRock. Este fondo tiene dimensiones colosales y participaciones significativas en 19 empresas importantes de país. Su creciente poder amenaza nuestra autonomía”, ha subrayado el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, en su perfil de X (antes Twitter). Y es que BlackRock tiene participaciones significativas en varios de los gigantes empresariales españoles, singularmente en los del sector energético.

La gestora estadounidense es ya el primer accionista de Repsol, con el 5,47% del capital y el segundo de Iberdrola, con el 5,395%, sólo por detrás del fondo soberano de Qatar (8,7%), y también tienen posiciones relevantes en Enagás, el gestor del sistema gasista español, el 5,4% entre participaciones directas e indirectas; y también en Redeia, matriz de Red Eléctrica de España y del grupo de satélites Hispasat, con un 4,99%. El gigante inversor también tiene una presencia sólida en el sector bancario español (con participaciones en Santander, con el 5,4%; en BBVA, con el 5,9% del capital; y en Banco Sabadell, con el 3,9% del capital) o en el de infraestructuras ( con un 5,3% del grupo de construcción ACS).

“La energía es un derecho, no un negocio. Si los buitres quieren tomar el control y ponen en riesgo la democracia, España debe profundizar la intervención en este sector estratégico y crear una energética pública”, ha subrayado en el mismo sentido Irene Montero, una de las cabezas visibles de Podemos y ex ministra de Igualdad. “A los buitres se les mira cara a cara”.

El precedente de IFM

El Gobierno de Pedro Sánchez ya aprobó con condiciones en 2021 la entrada del fondo de australiano IF Global Infraestructure también en Naturgy, cuando su intención era tomar un 23% del capital de la energética (aunque el plan acabó diluyéndose y actualmente tiene un 14,5%).

Entonces la operación de entrada en el grupo energético estuvo condicionada al apoyo a la inversión en proyectos estratégicos renovables para España, al mantenimiento de la sede de la compañía y de la gestión de los negocios en España, a una política de prudencia en el reparto de dividendos, a mantener una parte significativa de la plantilla en España o una ratio de endeudamiento dentro del grado de inversión. IFM también estaba obligado a no respaldar la exclusión de bolsa de la compañía.

Actualmente, GIP es el tercer mayor accionista de Naturgy con un 20,6%, por detrás de CriteriaCaixa -el holding inversor de la Fundación LaCaixa-, que controla un 26,7% del capital de la energética, y también de el fondo de inversión británico CVC, con el 20,7%.