Reacción bursátil

Las acciones de Telefónica cuestan la mitad que cuando Sánchez llegó a la Moncloa en 2018

¿Por qué el Estado quiere volver a Telefónica?

ERC propone la nacionalización de Telefónica

Álvarez Pallete y Pedro Sánchez.

Álvarez Pallete y Pedro Sánchez. / EFE

Eduardo López Alonso

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Las acciones de Telefónica registraron en la apertura de la bolsa este miércoles el mayor salto en su cotización en casi tres años. La operadora, cuyos títulos han cerrado este miércoles en 3,679 euros, con un alza del 3,20%, ha sufrido en los últimos años un recorte más o menos continuado de su cotización desde sus máximos históricos, allá por 2015 en que llegó a cotizar en torno a los 14 euros.

Desde el acceso a la presidencia de España de Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018, el precio de las acciones ha pasado de oscilar en torno a los 7,5 euros a los 3,5 euros actuales, basando su atractivo para los inversores en su dividendo. Mientras el Ibex sube el 22%, Telefónica se ha revalorizado solo en torno al 7%. 

El anuncio del Gobierno de compra de acciones por unos 2.000 millones de euros para hacerse con el control de al menos el 10% del capital de la compañía y evitar que caiga en manos del Estado saudí a través de STC tuvo hoy su repercusión en el mercado de renta variable con una revalorización del 7,2% en la apertura, que se fue mitigando hasta acabar con un aumento de más del 3%.

La evolución de los precios de las acciones de Telefónica en el futuro puede verse afectada por la operación. Algunos analistas ya han advertido que la estrategia general de la compañía puede cambiar por la influencia de la participación pública, especialmente en los negocios y la agenda de expansión en Latinoamérica.

Las razones de la operación

El objetivo de la operación vehiculada a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) no es otro que devolver al Estado el control de una firma estratégica del sector de las telecomunicaciones vendida en su día por el Gobierno del PP de José María Aznar y que podría caer en manos saudís. La idea de estabilidad planea en la operación, que oficialmente pretende proporcionar "mayor estabilidad a los accionistas" y proteger las "capacidades estratégicas" del antiguo monopolio de telecomunicaciones. Telefónica es estratégica tanto por su naturaleza de líder español del sector de las telecomunicaciones como por los contratos firmados en el área de defensa.

"Telefónica es una empresa de telecomunicaciones líder tanto en España como a nivel internacional", afirmó el martes la SEPI, destacando de la firma que "lleva a cabo un conjunto de actividades de crucial relevancia para la economía, la investigación, la seguridad, la defensa y el bienestar de los ciudadanos".

La posición del Gobierno ante el impulso de la SEPI marca un cambio importante para España, que se ha mostrado más reacia en los últimos años que otras naciones europeas a intervenir en los mercados y tomar propiedad de grandes compañías.

Desde el punto de vista de Telefónica, que el Estado asuma un 10% del capital puede tener a corto plazo un efecto positivo en la cotización. La compañía redujo los beneficios el 15% entre enero y septiembre, hasta 1.262 millones de euros. El tradicional compromiso con el dividendo de Telefónica que se confirmó el mes pasado iba aparejado a una visión de un futuro marcada por incertidumbres que la participación del Estado del 10% puede mitigar. El crecimiento en ingresos de Telefónica se prevé moderado a largo plazo, no hay mercados cautivos ni tecnologías exclusivas en el sector de las telecomunicaciones, por lo que el compromiso de retribución al accionista ha supuesto que los actuales gestores se conjuran en el camino de los ahorros y búsqueda de eficiencias. Era previsible un futuro con menos gastos operativos e inversiones controladas. Este 2023, nueve valores del Ibex ofrecen una rentabilidad por dividendo que duplica la de las letras del tesoro. Telefónica incluida (8,15%). La entrada del Estado en el capital podría introducir cambios en esta política de retribución al accionista, aunque a priori ese cambio no se espera ni se considera deseable.

El Gobierno español vendió su última participación en Telefónica hace más de 20 años, poniendo fin a décadas de propiedad pública de la empresa. Pero la inversión saudí ha obligado al Gobierno a reconsiderar el papel del Estado en Telefónica e imponer la tradicional acción de oro, que regula las decisiones estratégicas de la empresa en defensa de los intereses de España. Para lograr esta influencia determinante en el consejo de administración, el Estado espera contar también con el apoyo accionarial de CaixaBank y del BBVA. Países como Francia y Alemania poseen participaciones en sus antiguos monopolios telefónicos.

Participaciones

Desde un punto de vista ideológico, el incremento del peso del Estado en Telefónica supone un giro copernicano con respecto a las políticas llevadas a cabo en el pasado por el PP. En el momento en el que se confirme la operación, será la cuarta inversión más relevante del Estado entre sus participadas cotizadas, por detrás de Aena, Airbus y CaixaBank. Pero el Estado dispone de acciones o participación accionarial importante en muchas empresas, sea por herencia histórica o por el carácter estratégico de esas empresas.

La participación estatal a través de Enaire en Aena (gestión de aeropuertos) está valorada en más de 12.500 millones de euros (51%). Pero Sepi tiene también participación en Airbus o Hispasat, claves en el sector aeroespacial. A través del Frob, el Estado está presente en el 16% del capital de CaixaBank, y también tiene presencia en Redeia, la antigua Red Eléctrica, donde la Sepi cuenta con una participación del 20%, o en Indra (28%). No solo el Estado tiene presencia en sector financiero, defensa o comunicaciones, también en el sector agroalimentario (Ebro Foods, 10%), en IAG, Enagás, en Correos, Navantia (construcción de buques), Tragsa (sector agrario-medioambiente), Mercasa (mercados mayoristas), Enusa (energía nuclear), medios de comunicación (EFE, RTVE...9), loterías, turismo (Paradores), infraestructuras o transporte (Renfe, Adif, Puertos del Estado).

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