El Gobierno prevé recaudar un récord de 3.500 millones por emisiones contaminantes

El Gobierno prevé recaudar este año un nuevo récord de 3.500 millones de euros de los derechos de emisión de CO2 que gravan las emisiones contaminantes de industria, centrales eléctricas y aerolíneas, según se desprende de la memoria económica que acompaña al borrador del anteproyecto de ley del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para transponer dos reglamentos y dos directivas aprobadas. Esta proyección, en línea con los 3.000 millones de euros acumulados hasta octubre y recogidos en la Contabilidad Nacional, sobrepasaría los históricos 3.231 millones de euros que ingresaron las arcas públicas el año pasado.

Los sectores más contaminantes de Europa tienen una cantidad asignada de 'derechos de emisión' gratuitos que debe coincidir con sus emisiones reales al final del año. Si esa cantidad se sobrepasa, tienen que comprar nuevos derechos de emisión en el mercado, lo que supone un coste adicional. Estos derechos se venden en una subasta organizada por Bruselas, que luego reparte la recaudación entre los distintos Estados miembros que participan.

En el caso de España, si se cumplen las previsiones del Gobierno, los números serán tres veces más altos que la media de ingresos del periodo 2018-2020. La mayor ambición de los países europeos a la transición ecológica (el número total de derechos se reduce cada año gradualmente) y la especulación financiera han disparado los precios desde los 4 euros por tonelada de enero de 2018 a unos 70 euros en el último mes, mientras que el año pasado se llegaron a alcanzar los 100 euros.

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Este encarecimiento no es en sí un problema porque esa es la filosofía con la que se creó en enero de 2005 (que contaminar sea tan caro que se deje de hacer) el régimen de derechos de emisión de la UE, pero en ese trayecto la peor parte se la llevan los consumidores con la inflación que genera. El mejor ejemplo es el precio de la factura de la luz. El CO2 es un coste más para las centrales más contaminantes (en el caso de España tiene mucho impacto en los ciclos combinados que queman gas natural y de sobra es conocido que esta tecnología es la que marca el precio generalmente en el mercado eléctrico español), de forma que una subida en su precio se traslada directamente a un incremento de la factura.

Irá a más

En España hay unas 1.100 instalaciones en este régimen, todas ellas grandes consumidoras de energía que suman el 45% de las emisiones totales. Pero cada vez habrá más. Por un lado, el año que viene se incorpora a este régimen el transporte marítimo, sector en el que no habrá asignación gratuita de derechos de emisión, y en 2026 se eliminará la asignación gratuita de la aviación, lo que supondría un aumento del volumen de derechos de emisión a subastar y, por tanto, de los ingresos, según indica el borrador del anteproyecto de ley.

Al mismo tiempo, se irán reduciendo de forma gradual del volumen de derechos de emisión que se expiden y se destinará cierto volumen de recursos al instrumento REPowerEU y una porcentaje todavía “por determinar” se dirige a la creación de fondos propios de la UE. De esta forma, los ingresos del Estado por las subastas podrían pasar de los 3.500 millones de euros que se espera recaudar en 2023 a un promedio durante 2024-2030 próximo a los 2.400 millones.

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Esto supondría 1.100 millones de euros menos, "en su mayor parte por la creación de recursos propios". Sin embargo, la introducción de un nuevo régimen que incluya los sectores de la edificación, transporte por carretera y otros sectores a partir de 2025 supondrá una nueva fuente de ingresos que, ya descontando la creación de recursos propios de la UE también en este caso, se estima en unos 2.300 millones de euros al año. Es decir, cuando todas estas novedades se pongan en marcha los actuales 3.500 millones se elevarían en 1.000 millones más hasta los 4.500 millones.

Destino final

El borrador del anteproyecto de ley también establece, entre los principios generales, que el Gobierno deberá hacer “esfuerzos” para “garantizar la visibilidad de la fuente de financiación de las acciones o proyectos que se financien con cargo a los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión”. El destino de este dinero se rige actualmente por la ley de cambio climático y transición energética que establece que deben asignarse anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado, aunque con algunas indicaciones.

Así, establece que 450 millones de euros se deben destinar a reducir la factura de la luz ("financiar los costes del sistema eléctrico"), mientras que "hasta el 30%" del total se pueden dirigir a medidas con "incidencia social" para "paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático". Es decir, este año unos 1.050 millones de euros se podrían destinar a los más vulnerables.

Además, "hasta un 25% se puede usar para la compensación de los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2, ligadas al consumo de electricidad, para las instalaciones en riesgo de fuga de carbono".

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