Trabajo plantea bajar de 52 a 45 años la edad para poder cobrar el subsidio de paro

El Ministerio de Trabajo estudia bajar de 52 años a 45 años la edad legal para poder cobrar un subsidio por paro. Actualmente, esta ayuda está pensada para aquellas personas en desempleo y que han agotado todas sus prestaciones contributivas. Su importe es de 480 euros mensuales y lo abona el Sepe. El Gobierno está manteniendo una pugna interna para rediseñar el abanico de subsidios asistenciales ante el desempleo y el departamento dirigido por Yolanda Díaz aprieta para ampliar la cobertura de los mismos.

La reforma que plantea Trabajo permitiría el acceso a este subsidio a unas 152.000 personas adicionales y que actualmente no tuvieran familiares a cargo, según ha adelantado la 'Cadena Ser' y ha podido confirmar este medio. Actualmente, casi 900.000 personas cobran algún tipo de subsidio asistencial por desempleo. Otra pretensión de Trabajo es agilizar el cobro de estos subsidios y eliminar el mes de espera que ahora es obligatorio que pase entre el momento que la persona se persona en el Sepe, este le reconoce la ayuda y un mes después finalmente la cobra.

Trabajo ultima que hasta 900.000 parados puedan combinar un salario y 120 euros de subsidio

Ampliar la cobertura es la pretensión del equipo de Yolanda Díaz, pero choca con la del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño; en el que está siendo el enésimo pulso entre vicepresidentas. "El Gobierno no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar", ha aseverado la también líder de Sumar en declaraciones recogidas por la agencia EFE. Díaz ha mostrado su "absoluta disconformidad" con la propuesta del Ministerio de Economía y ha señalado que "la reforma del subsidio por desempleo es una competencia del Ministerio de Trabajo".

Economía prioriza el "pleno empleo"

Un choque que desde el Ministerio de Economía tratan de minimizar. "Lo que queremos y compartimos es que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo", afirman fuentes del mismo. La vicepresidenta económica aspira a reformular estas ayudas para mejorar su compatibilidad con el empleo y cobrar a la vez subsidio y sueldo. A cambio de ir recortando la cuantía del subsidio a medida que avanza el tiempo. Y de aumentar los controles sobre aquellos parados que rechacen una oferta adecuada de trabajo para seguir cobrando el subsidio. En este último punto Trabajo propone aumentar las revisiones, que ahora son semestrales y quieren que sean trimestrales.

Calviño: "El objetivo de esta legislatura es alcanzar el pleno empleo efectivo"

A preguntas de este medio, el Ministerio de Trabajo no ha cuantificado a cuántas personas en paro se les deniega cada año un subsidio por rechazar una oferta adecuada de trabajo por parte de los servicios públicos de empleo. Sí enfatizan que "en torno al 80% de las perceptoras y perceptores no llegan a agotar el subsidio".

Actualmente, en España hay 2,7 millones de personas en paro, la cifra más baja en 15 años pero, a su vez, la tasa más alta de toda la Unión Europea. De estos, un tercio no cobra ningún tipo de prestación o subsidio. Otro tercio sí cobra prestación contributiva, cuyo importe depende del salario previo y el tiempo de cobro del periodo cotizado antes de quedarse sin trabajo. Y el tercio restante percibe alguna prestación asistencial, es decir, ayudas no vinculadas con la trayectoria profesional previa y que el Sepe reconoce a colectivos considerados especialmente vulnerables.

Simplificación del sistema

Es sobre este último colectivo que el Gobierno ha prometido a Bruselas actuar. La filosofía de la reforma es simplificar el número de subsidios existentes, para reducir su número y facilitar su acceso a aquellas personas que reúnan los requisitos legalmente establecidos. Y del acuerdo final entre Economía y Trabajo dependerá si se amplía la cobertura, se mejoran las cuantías de los subsidios y se cambian las condiciones para compatibilizarlos con un primer empleo, entre otros.

La reforma del sistema asistencial por desempleo es una materia pendiente ya desde tiempos del PP, con Fátima Bañez como ministra de Empleo. Más recientemente, durante la anterior legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez prometió a Bruselas que reformaría esta cuestión. Pero, tras más de un año de trabajos internos, finalmente la coalición no llegó a un acuerdo, la reforma no prosperó y el adelanto electoral dejó todo en barbecho.

Ahora, de cara a recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, el Gobierno pretende acelerar y sacar adelante a la mayor brevedad posible esta reforma. Una prisa que critican desde los sindicatos, que esta semana emitieron un comunicado conjunto en el que criticaban que una reforma de tal calado -podría afectar a casi 900.000 personas- no hubiera pasado por el diálogo social. Tampoco han caído bien estas prisas entre los gobiernos autonómicos, que son los que tienen derivadas las competencias en materia de políticas activas de empleo y con las que no ha habido diálogo previo, según apuntan fuentes de la Generalitat.

De momento el Ministerio de Trabajo ha convocado una mesa con agentes sociales para empezar a debatir este jueves la subida del salario mínimo para 2024. En esa mesa reclamarán patronal y sindicatos más información y textos al respecto.