El Gobierno, obligado a rehacer contratos de carreteras por 290 millones por la inflación

Revés para el nuevo Ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente. La Dirección General de Carreteras, el organismo dependiente del antiguo MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), está teniendo serias dificultades para ejecutar una de las últimas inversiones anunciadas por el Consejo de Ministros antes del final de la anterior legislatura: destinar 414 millones de euros para mejorar el firme de 1.515 kilómetros de carreteras convencionales.

En concreto, esta inversión estaba previsto que se estructurase en tres contratos de servicios diferentes, dependiendo la zona geográfica: el primero para Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura; el segundo para Aragón, Catalunya, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana; y el tercero para Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid. Cada uno ha corrido, al menos por el momento, suertes diferentes.

La licitación que involucra a las comunidades del arco Mediterráneo es la única de las tres que no ha sufrido cambios. La de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura ha aplicado una revisión de precios, mientras que la de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid ha sido suspendida, a la espera de elaborar un nuevo pliego, previsiblemente elevando la cuantía económica que ofrece. En total, los contratos en jaque tienen un valor estimado de casi 290 millones de euros.

Según la documentación publicada en el Portal de Contratación del Estado, en una de las licitaciones, la Dirección General de Carreteras reconoce que "en el contexto económico actual", "la mejor opción para el interés general y para facilitar que el contrato se ejecute adecuadamente" es aplicar la mencionada revisión de precios. Consultado el gabinete de comunicación del Ministerio de Transportes, no han emitido una respuesta al cierre de la presente edición.

Renovar 1.515 km de carreteras convencionales

La inversión anunciada el pasado 11 de julio incluye trabajos de fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, así como el repintado de marcas viales y la impermeabilización de estructuras, en caso de ser necesario en el firme de 1.515 kilómetros de carreteras convencionales a lo largo de todo el territorio nacional. Se trata de una novedad porque, en vez de realizar una obra tradicional, se apuesta por un servicio para mejorar la durabilidad de la infraestructura viaria y la comodidad de los usuarios.

Los tres contratos están divididos en 25 lotes, con un plazo inicial de tres años, aunque prorrogable por dos más. Desde el Ministerio de Transportes justificaron que esta inversión, de 414,7 millones de euros (IVA no incluido), mejorará el nivel de conservación de las carreteras, garantizando "una conducción segura y sostenible", además de que se trata de un modelo ya implementado en otras administraciones.

En principio, el mantenimiento se aplicará en el firme de las carreteras convencionales. Sin embargo, "siempre y cuando se justifique adecuadamente", también se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas. Tendrán que ser los adjudicatarios, cuando los haya, los que presentarán anualmente las actuaciones de cada lote a desarrollar para que sea aprobada por el director del contrato. Aunque todo cebe ceñirse al presupuesto, "podrá verse modificada por circunstancias que determinen la necesidad de incluir actuaciones en firmes cuyo estado pudiera entrañar un peligro para la seguridad vial o requiriese de una actuación inmediata, debido a un deterioro del pavimento superior a lo previsto", explicaron desde el Ministerio.

El Gobierno prepara 130 millones para más conversación

En la jornada de ayer, el Consejo de Ministros anunció una nueva inversión de 131 millones de euros para mejorar la conservación de carreteras en las provincias de A Coruña, Ciudad Real, Teruel, Huesca y Palencia. Al igual que en el contrato anterior, los plazos son de tres años, prorrogable hasta cinco, e involucran a 1.127 kilómetros de vías. En esta ocasión, los pliegos dan mayor importancia a la promoción de la eficiencia energética y la reducción de emisiones.