La mitad de los países de la OCDE gravan 'beneficios caídos del cielo' de empresas

Alrededor de uno de cada dos países de la OCDE -entre ellos, España- implementaron en 2022 algún tipo de gravamen extraordinario sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" obtenidos sobre todo de petroleras y energéticas, con el fin de obtener ingresos para "limitar las desigualdades y fortalecer la cohesión social" en un momento en el que las dificultades para salir adelante tras la pandemia se toparon con el estallido de la guerra en Ucrania.

"La política fiscal ha estado a la vanguardia del apoyo gubernamental a las familias y empresas frente a los elevados niveles de inflación", ha señalado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, con ocasión de la presentacion del informe anual de analisis sobre las tendencias fiscales en el mundo, publicado este miércoles.

En el informe 'Reformas de política fiscal 2023', la organización con sede en París se centra, sobre todo, en las medidas adoptadas por los 36 países sobre los que dispone datos tributarios correspondientes a 2021.

El estudio constata que, de todos ellos, un total de 19 países europeos y de Latinoamérica (algo más de la mitad) están aplicando algún tipo de tributo sobre los llamados 'beneficios caídos del cielo', que hacen referencia a las grandes ganancias que obtienen determinados sectores productivos por desajustes regulatorios o por circunstancias sobrevenidas (como fue la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania), sin que las empresas (sobre todo energéticas) hayan tenido que hacer nada excepcional para obtener esa mejora.

El objetivo de introducir un impuesto extraordinario sobre estas ganancias -explica el informe- , es obtener ingresos con los que financiar medidas para compensar el impacto de la inflación sobre familias y hogares.

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Beneficios o ingresos

La lista de 19 países que, según el informe de la OCDE han implementado este tipo de medida fiscal incluye un grupo de 13 territorios en los que el gravamen se aplica sobre el beneficio. Es el caso de Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia, Grecia y Reino Unido. Además se ha identificado otro grupo de dos países (Argentina y Colombia) donde lo se grava son los ingresos.

En una tercera categoría, a la que se refiere como "Otros", el informe de la OCDE sitúa a España, donde los impuestos extraordinarios sobre la energía y la banca gravan, respectivamente, ingresos e intereses netos. En este grupo se incluyen también las prácticas tributarias sobre los 'beneficios caídos del cielo' diseñadas en Bélgica, Brasil, Colombia, Hungría, Italia y Rumanía, que han optado por gravar conceptos relacionados con la exportación u otras variables.

Además de estos tributos extraordinarios, algunos países han adoptado medidas para poner un tope ('cap') a los precios energéticos como vía para poner coto a los 'beneficios caídos del cielo'. En este grupo, la OCDE señala las medidas adoptadas por Austria, República Checa, Alemania, Eslovenia, Suecia, Francia, Países Bajos y Eslovaquia (el estudio no cita ni a España ni a Portugal dentro de este grupo, a pesar de haber sido autores de la llamada 'excepción ibérica').

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"En teoría, gravar una renta puramente económica, ya sea mediante un impuesto a las ganancias excedentes o extraordinarias, no debería tener ningún efecto perjudicial sobre la inversión u otras opciones de producción, si está bien diseñado", opina la OCDE. En España, quienes se oponen al diseño de los nuevos tributos, critican que estos se apliquen sobre ingresos y no sobre beneficios.

Energéticas, banca, farmacéuticas

En la mayoría de los casos analizados por la OCDE, los gravámenes sobre "beneficios caídos del cielo" afectan al sector energético en general, o a las compañías petroleras o eléctricas. En España, Colombia y República Checa, también se han diseñado gravámenes de este tipo sobre instituciones financieras. En Argentina y Croacia se han extendido a todos los sectores productivos y en Hungría se extiende a farmacéuticas, telecos, entidades financieras y comercio minorista.

En la práctica totalidad de los casos, se trata de "impuestos solidarios" de carácter temporal que tiene fecha de caducidad en 2023. En algún caso esta se extiende a 2024 (caso de España), 2025 (República Checa), 2027 (Colombia), ó 2028 (Reino Unido). En Colombia, alguna de las nuevas figuras se han adoptado con carácter permanente.

Rebajas de algunos impuestos

El diseño de gravámenes transitorios sobre "beneficios caídos del cielo" obtenidos por energéticas y otros sectores es solo una de las tendencias generales que ha detectado la OCDE en su informe de 2023 sobre políticas fiscales en los países, publicado este miércoles.

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El informe señala además, como tendencia, los recortes en el IVA y en impuestos especiales, así como en el impuesto sobre la renta acometidos por un buen número de países para paliar los efectos de la inflación de 2022 sobre familias y empresas.

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No obstante, el secretario general de la OCDE ha advertido de que "si bien los recortes fiscales temporales pueden implementarse rápidamente y son muy visibles, la falta de focalización puede aumentar los costos presupuestarios, especialmente en el caso de los impuestos a la energía. También pueden frenar los incentivos para reducir el consumo de energía. A medida que las presiones inflacionarias disminuyan gradualmente, los gobiernos necesitarán orientar mejor el apoyo de la política fiscal a quienes más lo necesitan”.

El informe también ha detectado que "muchas jurisdicciones" han ido tomando medidas para implementar el impuesto mínimo global sobre las multinacionales y han promulgado reformas del IVA para lograr una tributación más efectiva del comercio digital transfronterizo.

Subida generalizada de la presión fiscal

Además, la OCDE subraya que 2021 (ejercicio sobre el que gira la mayor parte del estudio) marcó el segundo año consecutivo en el que aumentó el peso de los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB. La OCDE calcula que la presión fiscal subió 0,6 puntos en 2021, hasta alcanzar el 34,1% del PIB, la mayor tasa desde el inicio de la serie (1990). Esta presión fiscal media del 34,1%, incluye en sus extremos el 46,9% de Dinamarca y el 16,7% de México. En España se situó en el 38,4%, según datos de la OCDE.

En 2020 aumentó la presión fiscal debido a que el descenso de los ingresos fue menor que la caída que experimentó el PIB por el estallido de la crisis sanitaria. En 2021, sin embargo, el aumento de la presión fiscal deriva de que los ingresos tributarios subieron más (12,8%) que el PIB (10,5%) en promedio, para los países analizados.

De los 36 países sobre las que la OCDE dispone de datos relativos a 2021, el peso de los ingresos sobre el PIB aumentó en 24 de ellos; bajó en otros 11 y se mantuvo sin cambios en uno de ellos (Grecia). El mayor incremento de la presión fiscal se produjo en Noruega (+3,4 puntos porcentuales), por efecto del impuesto extraordinario sobre la extracción de petróleo. Además, subió más de 2 puntos en Chile, Israel, Nueva Zelanda o Corea. Detrás de Lituania, España se situó en 2021 como el séptimo país donde más aumentó la presión fiscal (+1,6 puntos). Por su parte, la mayor caída de la presión fiscal se produjo en Hungría (-2,1 puntos). También bajó la presión en Canadá, Islandia, México y Turquía, entre otros.