Proposición de ley

Los bancos tributarán con el nuevo impuesto el 4,8% de las comisiones e intereses netos

Las compañías energéticas verán gravadas en un 1,2% sus ventas

 Patxi López PSOE y Pablo Echenique PODEMOS presentaron este mediodía en el registro del Congreso la propuesta de impuestos a banca y energéticas.

Patxi López PSOE y Pablo Echenique PODEMOS presentaron este mediodía en el registro del Congreso la propuesta de impuestos a banca y energéticas. / DAVID CASTRO

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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PSOE y Unidas Podemos ya han registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para crear dos nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas y para las entidades bancarias. En concreto, los dos partidos del Gobierno proponen gravar en un 1,2% las ventas de las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros y en un 4,8% las comisiones e intereses netos de los bancos. Socialistas y morados confían en recaudar 7.000 millones de euros en los próximos 2 años.

Tras el anuncio de Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación, PSOE y Unidas Podemos ya han puesto sobre el papel su propuesta para gravar a dos de los sectores económicos que más beneficios han obtenido en los últimos años. A través de una proposición de ley que se debatirá en el Congreso, previsiblemente, en septiembre y tendrá que estar aprobado antes de finales de año, ambas formaciones quieren crear dos nuevos impuestos "extraordinarios y temporales" que estén en vigor en 2023 y 2024. En cada año, esperan obtener 2.000 millones de euros de las energéticas y 1.500 millones de las entidades bancarias.

Miembros del Gobierno se reunirán este viernes con todas las empresas que se verán afectadas -en torno a 20 corporaciones- para informarles de los detalles de la propuesta.

El funcionamiento

La norma pretende gravar a las principales empresas eléctricas, gasísticas y petroleras con un 1,2% el importe neto de la cifra de negocio -es decir, la cifra de venta de bienes y prestaciones-, siempre y cuando tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros. También estarán excluidas aquellas entidades cuya parte energética sea residual y suponga menos de un 50% de su facturación. En el caso de las entidades bancarias, el gravamen afectará a aquellas cuyo sumatorio de intereses y comisiones cobradas a sus clientes superen los 800 millones de euros y se aplicará un 4,8% sobre la suma de intereses netos y comisiones netas.

Ambos impuestos, si se aprueba la norma antes de que termine el año, serán exigible a partir del 1 de enero de 2023, sobre la cifra de 2022, y, después, el 1 de enero de 2024, sobre la cifra de 2023. Tendrá que ser abonados el 1 de septiembre de cada año, aunque habrá un pago a cuenta en febrero del 50%. 

Protección para el ciudadano

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Uno de los aspectos que más fricción ha provocado entre socialistas y morados ha sido la inclusión de medidas para evitar que estas empresas trasladen el coste de los impuestos a sus clientes. En la norma se ha introducido la prohibición expresa de que las grandes energéticas y las entidades bancarias puedan repercutir el gravamen en el coste de sus servicios. Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la colaboración del Banco de España, en el caso de los bancos, quien se encargará de controlar que no se produzcan estas malas prácticas. No obstante, la proposición de ley no determina ningún mecanismo para comprobar que no se incrementan los precios de los servicios prestados.

En el caso de que se detecten subidas para equilibrar el efecto del impuesto, la norma sí prevé una sanción económica del 150% de la cantidad trasladada al cliente. Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos apuntan que ellos querían haber ido "más lejos". En concreto, propusieron la creación de un nuevo delito fiscal en el Código Penal que contemplaba penas de cárcel de hasta 10 años para aquellos que llevaran a cabo estas prácticas en sectores estratégicos, como podía ser el de la energía y la banca. Los socialistas rechazaron de plano tocar el Código Penal porque supone tramitar una ley orgánica que necesitaría de una mayoría más amplia en el Congreso.

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