El Gobierno endurecerá el recorte a los beneficios extra de las eléctricas por el alza del gas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Choque de Respuesta a la guerra para mitigar el impacto del alza de la energía en el bolsillo de los consumidores y en las cuentas de autónomos y pymes y frenar, así, la espiral inflacionista. Muchas de las medidas suponen una prórroga de las actuales, como la rebaja de los impuestos del recibo de luz (IVA al 10%, impuesto de la electricidad al 0,5% y suspensión del 7% a la producción) o el límite del 15% al crecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR). Y, mientras la reforma estrella –la desvinculación del precio del gas en el mercado eléctrico— no llega hasta finales de mes, el consumidor notará una rebaja de 6 euros en el recibo de la luz y de 20 céntimos en los carburantes.

La mayor parte de las medidas tendrán una periodicidad de tres meses –desde su entrada en vigor entre el 31 de marzo y el 1 de abril—hasta el 30 de junio, cuando se revisarán para su posible extensión en función de la evolución del conflicto, según confirmó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en compañía de las otras dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

El recibo de la luz está formado por tres conceptos: energía, impuestos y costes regulados (peajes y cargos). El principal objetivo del Ejecutivo es reducir, al menos a la mitad, el primero de ellos (el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que hoy marca 225 euros por megavatio-hora) poniendo un tope al precio del gas con el que se genera electricidad, para lo que habrá que esperar "tres o cuatro semanas".

Mientras eso no ocurre, el descenso más inmediato se producirá a través de la reducción de los cargos de la factura de 1.800 millones de euros por el adelanto de la liquidación de las centrales renovables, plantas de cogeneración y residuos (RECORE), que supondrá una rebaja media de 6 euros al mes a partir del viernes. Estas plantas tienen una rentabilidad razonable, pero con el mercado eléctrico en los niveles actuales su remuneración es muy superior, por lo que el Gobierno lo que hace es pedirles que adelanten esa devolución. Además, desde el 1 de enero de 2023 podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista, a operadores industriales y comercializadores que vendan electricidad a los hogares.

Otra de las medidas aprobadas ayer fue la ampliación del recorte de los 'beneficios caídos del cielo' que algunas tecnologías (nucleares, hidráulicas y eólicas) reciben por el alza del gas en el mercado eléctrico, aunque su efecto tampoco será inmediato y su recaudación es, por el momento, desconocida. Esta medida, que finalizaba el 31 de marzo, se extenderá hasta finales de junio pero ampliada, para incluir a los contratos nuevos o renovaciones que se hagan con un precio superior a los 67 euros por megavatio-hora. En un principio se estimó que supondría una rebaja en la factura de 2.700 millones de euros (de septiembre a abril), pero dos semanas después de su aprobación se suavizó para eximir del recorte a todos los contratos que firmasen las eléctricas a precio fijo, tras las duras críticas de las compañías que aseguran que no tienen ‘beneficios caídos del cielo’.

Por otra parte, el Gobierno inyectará más de 1.000 millones de euros en ayudas al transporte –450 millones en ayudas directas y más de 500 millones para el combustible— y destinará 430 millones de euros al sector primario –193,47 millones para agricultura y ganadería, 169 millones para los productores de leche y 68,18 millones para la pesca--. Mientras las grandes empresas electrointensivas recibirán un paquete de 500 millones de euros, de los cuales 225 millones irán a parar a rebajar su recibo de la luz, a través de la reducción del 80% de los peajes hasta el 31 de diciembre, y 65 millones se destinan a aumentar las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 hasta lo máximo permitido por la CE (244 millones de euros).

Por otra parte, se dedicarán 125 millones en ayudas directas para las empresas gasintensivas que beneficiarán a unas 1.600 compañías de sectores como el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica. Y se autorizará al Ministerio de Industria a convocar la concesión de las subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica hasta un máximo de 73,6 millones de euros.