Los fondos de pensiones perderán el 8,2% en tres años con una transición climática desordenada

El cambio climático es una realidad con crecientes efectos en la calidad de vida de las personas, pero también tiene impactos potencialmente muy graves sobre el sistema financiero y, por ello, sobre el flujo del crédito hacia hogares y empresas y sobre la remuneración del ahorro de los ciudadanos. Así se desprende del primer informe de riesgos del cambio climático elaborado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El estudio advierte de que, en caso de que se produjera una transición climática desordenada, los fondos de inversión sufrirían una pérdida media del valor de sus activos del 5,7% en tan solo tres años, mientras que para los fondos de pensiones ascendería al 8,2%.

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En ese escenario desordenado, así, se produciría una caída notable de la rentabilidad de esos productos, que canalizan buena parte del ahorro a medio y largo plazo de las familias. Pero además, los bancos sufrirían un incremento de la morosidad en los créditos por el deterioro de la situación económica y de la capacidad de pago de sus clientes, así como una caída del valor de sus carteras de inversión. Todo ello les provocaría una bajada de su solvencia de 1,2 puntos porcentuales en tres años, hasta reducirla al 11,6%. Y a menor solvencia, menos crédito nuevo y más caro, como recuerda el informe que va a publicar la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), integrada por el Ministerio de Economía y los organismos supervisores financieros.

“La inversión sostenible debe ser también rentable”

La principal conclusión de este estudio pionero es que no actuar contra el cambio climático no es una alternativa: es necesario completar la transición hacia una economía más sostenible. Así, los tres supervisores han analizado un escenario hipotético en que las medidas de descarbonización fueran inadecuadas o se implementaran tarde. Ello provocaría un incremento del precio de los derechos de emisión de CO2 de 240 euros y el 282%, hasta los 325 euros. En los tres años analizados, este encarecimiento causaría fuertes pérdidas a los sectores más dependientes de los combustibles fósiles, lo que a su vez provocaría caídas del PIB, del precio de la vivienda, y del valor de los activos financieros, reduciendo con ello la riqueza de familias y empresas.

50 puntos de PIB

El escenario ha sido elaborado en línea con las hipótesis empleadas por otros supervisores europeos y con las diseñadas por la red global de cooperación de supervisores NGFS (Network for Greening the Financial System). Así, se contempla que la temperatura global se incrementaría en unos tres grados centígrados si no se adoptan medidas climáticas más allá de 2020, lo que provocaría que el PIB real de España se ralentizaría hasta pasar a ser negativo (recesión persistente) desde la década de 2050.  

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Las proyecciones económicas demuestran que no hacer nada contra el cambio climático no es una opción por su brutal coste: provocaría que el PIB de 2070 fuera 50 puntos porcentuales menor al que depararía una transición ordenada. Por ponerlo en perspectiva, la caída de la actividad en 2020, el año del confinamiento por el covid, rondó el 11%. Además, y esa es la segunda gran conclusión del informe, una transición desordenada o retrasada resultaría notablemente más costosa que una ordenada: el PIB en 2070 sería 12 puntos porcentuales inferior en el primer escenario que en el segundo.

Hogares vulnerables

El tercer mensaje que subraya el estudio de los tres organismos supervisores es que las medidas de transición energética y descarbonización de la economía deben ir acompañadas de mecanismos que palien su impacto en los agentes económicos más perjudicados. En particular, se señala a los hogares en los que la energía tiene un peso mayor en el gasto (normalmente, los de rentas bajas), así como a las empresas y sectores más dependientes de los combustibles fósiles y más emisores de CO2.

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El documento, asimismo, incluye un análisis de los efectos que tendrían sobre el sistema financiero dos fenómenos climáticos extremos y concluye que tendrían un impacto económico notable. Sequías y olas de calor, así, reducirían la productividad del trabajo, particularmente en los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción. Ello, a su vez, afectaría al crecimiento económico, lo que incrementaría la morosidad de los bancos y, por tanto, reduciría su rentabilidad y solvencia, perjudicando el flujo de crédito. Las aseguradoras, por su parte, verían incrementar su siniestralidad, lo que también reduciría su ratio de solvencia. 

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